Sin licencia y con recursos públicos: contrato irregular lleva a juicio al exgobernador de La Guajira
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, en el marco de un proceso contractual adelantado en 2010 durante su administración.
De acuerdo con el ente investigador, Pérez Bernier, quien gobernó el departamento entre 2008 y 2011, habría omitido su deber de supervisión, control y vigilancia sobre un contrato vinculado al Plan de Aguas Departamental, lo que permitió la ejecución del proyecto en medio de múltiples irregularidades administrativas y legales.
El caso gira en torno a un contrato específico —el No. 295 del 30 de diciembre de 2010, por un valor de 5.786 millones de pesos— destinado al mejoramiento del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba del municipio de Riohacha.
La obra, financiada completamente con recursos públicos, debió seguir los lineamientos del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), lo que implicaba adelantar una licitación pública con los respectivos estudios técnicos, jurídicos y financieros.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la Gobernación siguió los lineamientos contractuales del Banco Mundial, a pesar de que esta entidad internacional nunca otorgó la carta de no objeción, documento indispensable para validar legalmente el proceso dentro del marco del financiamiento externo.
El proyecto, en su origen, contemplaba una inversión total de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones provendrían de un préstamo internacional y 40 millones de recursos del Estado colombiano.
La administración de Pérez Bernier, pese a no contar con el aval final del Banco Mundial, avanzó con la adjudicación del contrato utilizando recursos del sistema general de regalías, lo que constituye, según la acusación, una clara infracción al ordenamiento jurídico nacional en materia de contratación pública.
El proceso judicial continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá fijar fecha para las audiencias preparatorias del juicio.
