Quince integrantes de la planta temporal del Fondo de Adaptación aseguran que fueron desvinculados sin justificación técnica ni presupuestal. Una de las exfuncionarias señala presuntas irregularidades en el proceso y anuncia acciones judiciales contra la entidad.
Quince exfuncionarios del Fondo de Adaptación denunciaron haber sido retirados de la entidad de manera arbitraria en la medianoche del pasado 31 de diciembre de 2025. Según los afectados, la decisión fue adoptada por la gerente encargada del Fondo, Angie Rodríguez, quien también se desempeña como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Alejandra Mutis, una de las exfuncionarias desvinculadas, explicó que hacía parte de la planta temporal del Fondo y se desempeñaba como profesional grado 2 en la Subgerencia de Estructuración. De acuerdo con su relato, el 10 de diciembre fue notificada de un traslado interno a la Subgerencia de Regiones, donde tenía a su cargo procesos relacionados con la gestión del portafolio institucional y el cierre de postulaciones derivadas de la ola invernal de 2010 y 2011.
Mutis recordó que el Fondo de Adaptación es una entidad de carácter transitorio, creada para ejecutar obras de infraestructura tras esa emergencia climática, y que por esa misma razón cuenta con una planta temporal. Sin embargo, aclaró que este tipo de vinculación no está sujeta a decisiones discrecionales, como ocurre con los cargos de libre nombramiento y remoción o los contratos de prestación de servicios.
Según la exfuncionaria, la función principal de la planta temporal es garantizar la continuidad, supervisión y memoria institucional de los programas y proyectos del Fondo. Por ello, sostuvo que dicha planta debe mantenerse vigente mientras existan proyectos en ejecución. “La reducción de la planta solo procede cuando se demuestra que los programas se agotaron y que existe una disminución presupuestal que lo justifique, lo cual debe contar con concepto de Función Pública”, señaló.
En ese sentido, Mutis cuestionó que no exista claridad sobre si Función Pública avaló la supuesta reducción de la planta y aseguró que, en contraste, durante la actual administración se habrían creado al menos diez cargos de asesores, con costos superiores a los que se manejaban en gerencias anteriores.
“Hay disponibilidad presupuestal para mantener a las 15 personas. El problema es que no se conocen los criterios con los que se ratificó a una parte de la planta temporal y se excluyó a la otra”, afirmó. Agregó que, de tratarse de necesidades permanentes de la entidad, estas decisiones irían en contravía de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que promueve la formalización laboral.
Finalmente, Mutis anunció que los exfuncionarios interpondrán una demanda ante la jurisdicción administrativa una vez finalice la vacancia judicial, el próximo 13 de enero. Además, indicó que evalúan otras acciones legales para solicitar la suspensión de nuevas contrataciones y evitar lo que consideran un doble impacto negativo para la entidad y los trabajadores.
