En entrevista con el podcast Mujeres a Carta Cabal, la jurista Ana Margarita Durán criticó la sentencia de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe, señalando presuntas irregularidades procesales, sesgos ideológicos de la jueza y un fallo que podría afectar la confianza en el sistema judicial colombiano.
La exfiscal y exjuez Ana Margarita Durán encendió el debate jurídico y político tras su intervención en el podcast Mujeres a Carta Cabal, donde analizó con contundencia el proceso judicial que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal.
Durán aseguró que, aunque las decisiones judiciales deben respetarse, esto no impide que los ciudadanos ejerzan un control social sobre ellas. “Las audiencias son públicas para eso”, afirmó. A su juicio, el caso Uribe ha despertado una indignación generalizada no solo por su impacto político, sino por lo que considera inconsistencias en el manejo del proceso judicial.
Según la exfiscal, la jueza que emitió el fallo incurrió en varias conductas preocupantes, como manifestaciones personales durante la audiencia, referencias innecesarias a la familia del expresidente, y un tono que, en su opinión, dejó entrever una postura ideológica. “Un juez debe ser imparcial, independiente y prudente. Aquí se perdió parte de esa majestad que debe tener la justicia”, afirmó.
Condena excesiva e irregularidades
Durán también cuestionó la proporcionalidad de la condena, calificando de excesiva la pena impuesta a una persona de 72 años que, según ella, ha demostrado voluntad de comparecer ante la justicia. Señaló que en Colombia hay casos de criminales de guerra que hoy ocupan curules en el Congreso o participan de programas de reintegración con penas simbólicas, mientras que Uribe enfrenta una condena severa pese a las dudas sobre las pruebas en su contra.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue su crítica al uso de interceptaciones telefónicas que, según dijo, se obtuvieron sin el rigor legal exigido. “No hubo cadena de custodia adecuada, ni sustento legal suficiente. Cinco días escucharon sus conversaciones sin que la línea interceptada fuera formalmente la suya. Eso contamina el proceso”, advirtió.
Durán también denunció que los testigos clave de la Fiscalía se retractaron o presentaron contradicciones, y que la defensa de Uribe no tuvo las mismas garantías para que se valoraran sus pruebas. Afirmó que la Fiscalía se centró únicamente en lo desfavorable, dejando de lado su deber de investigar con objetividad.
En cuanto al actuar de la jueza, Durán advirtió que podrían abrirse procesos disciplinarios por sus señalamientos personales, su tono durante la audiencia y por haber resuelto una recusación en su contra, lo cual, según explicó, va en contra del debido proceso.
Confianza en los magistrados
Sobre el futuro del proceso, explicó que el expresidente conserva su presunción de inocencia mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. Manifestó su esperanza en que el Tribunal Superior revise con rigurosidad el fallo y, eventualmente, lo revoque. “Confío en los magistrados, en su independencia y preparación”, sostuvo.
Durán también mencionó que existe la posibilidad de una acción de tutela para revocar la medida de detención domiciliaria, así como un eventual recurso de casación si el fallo en segunda instancia no resulta favorable.
El episodio concluyó con un llamado de la exfiscal a mantener la fe en la justicia, pero también a exigir que esta actúe con equidad. “Si una figura como Álvaro Uribe sufre estas irregularidades, ¿qué queda para un ciudadano del común?”, se preguntó.
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