Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo habrían aprovechado sus cargos para favorecer a contratistas específicos en diferentes procesos contractuales que se seguían en la Ungrd.
Una juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), y a Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ambos exfuncionarios están implicados en un presunto entramado de corrupción que favoreció a contratistas específicos a cambio de sobornos protagonizado por el exdirector Olmedo López.
La Fiscalía imputó a Barreto Gantiva y Rodríguez Melo por delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Sin embargo, los cargos han sido rechazados por los acusados.
Las investigaciones revelaron que Barreto Gantiva gestionó el reintegro de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para beneficiar a ciertas empresas. Se señala que, a cambio, los contratistas debían entregar el 7 % del valor de cada contrato. Los sobrecostos generados a partir de estos procesos contractuales superan los 12.065 millones de pesos
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Por su parte, Rodríguez Melo supuestamente proporcionó información privilegiada a un contratista, Luis Eduardo López Rosero, con tres meses de anticipación a la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Se establece que, como resultado de estas acciones, se causaron sobrecostos por más de 14.163 millones de pesos, de los cuales se estima que 1.000 millones estaban destinados a sobornos para Rodríguez Melo. Las evidencias indican que 700 millones fueron depositados en la cuenta de una mujer y 300 millones entregados en efectivo.
Este caso pone de manifiesto serias irregularidades en la contratación pública y ha generado un llamado a la transparencia en la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias en el país. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del entramado de corrupción.