Pedro Andrés Rodríguez Melo, condenado por apropiación de recursos en la UNGRD, entregará información contra 13 personas en cinco procesos judiciales. La juez avaló un principio de oportunidad que suspende la acción penal en su contra por un año.
La justicia colombiana dio un nuevo giro en las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Una juez penal de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor jurídico de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien ahora se convertirá en testigo de cargo en varios procesos de alto impacto.
Rodríguez Melo se comprometió a aportar información y pruebas contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos, relacionados con tres hechos delictivos: la apropiación de recursos y contratación irregular en la UNGRD; el direccionamiento irregular de un contrato de licores en la Gobernación de Nariño; y presuntas anomalías en el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).
Con esta decisión, la acción penal en su contra queda suspendida por un año, mientras cumple su colaboración judicial.
El principio de oportunidad cobija varios delitos imputados: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravado, falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público.
Cabe recordar que el pasado 8 de abril, Rodríguez Melo fue condenado mediante preacuerdo a cuatro años, 10 meses y 19 días de prisión, tras aceptar cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, delitos cometidos en beneficio propio y de terceros en el marco de irregularidades en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en distintos departamentos.
Con su testimonio, la Fiscalía espera avanzar en procesos clave para esclarecer la magnitud de la corrupción en la UNGRD y en la administración de millonarios recursos públicos destinados a la atención de emergencias y proyectos de alto impacto social.
