Testimonios y pruebas dan cuenta de que los ahora imputados fueron alertados de la ilegalidad de sus acciones, sin embargo, las ignoraron. El extesorero aceptó cargos, mientras que un juez ordenó medidas de aseguramiento y restricciones a la movilidad para los demás implicados.
Un nuevo escándalo de corrupción sacude a Urabá. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios Rodríguez, y a siete personas más, por un presunto entramado que desvió más de $2.280 millones de pesos del erario municipal.
Las pesquisas apuntan a una serie de 37 movimientos financieros ejecutados entre mayo y diciembre de 2024. Los giros salieron de cuentas oficiales de la Alcaldía y terminaron en productos privados sin soporte contractual ni documentos que explicaran su legalidad.
Entre los señalados figuran el exsecretario de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; el exsubsecretario Contable y Financiero, Edison Alberto Mosquera Quinto; y el extesorero Cristian Mena Valencia, quien reconoció su responsabilidad en los hechos. También fueron vinculados cuatro particulares, presuntamente beneficiarios directos de los recursos públicos.
El ente acusador formuló cargos por peculado por apropiación y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Testimonios y pruebas documentales evidencian que, aunque existieron alertas internas sobre las irregularidades, varios funcionarios las habrían ignorado, permitiendo el retiro de los fondos.
En el caso del extesorero, la Fiscalía señaló que incluso después de la salida de Palacios Rodríguez de la Alcaldía, en enero de 2025, continuó con operaciones similares, lo que refuerza su grado de responsabilidad.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra Mena Valencia, mientras que el exalcalde y otros tres procesados deberán portar brazalete electrónico, no podrán ingresar a la sede administrativa ni salir del país.
Los demás implicados seguirán compareciendo en libertad, mientras avanza el proceso. Este episodio pone nuevamente bajo la lupa la vigilancia del uso de recursos municipales en Antioquia y el papel de los sistemas de control interno para prevenir el desvío de fondos públicos.
