Entre los hechos más bochornosos se encuentran el uso de los vehículos de la Unidad Nacional de Protección para cometer ilícitos como transporte de guerrilleros y drogas.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha protagonizado serios escándalos que han cuestionado su eficacia y transparencia. Estas irregularidades, que incluyen uso ilegal de los vehículos oficiales, han generado un grave cuestionamiento sobre la gestión y el control dentro de la UNP, poniendo en tela de juicio la integridad de la entidad y la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno.
Las denuncias subrayan la necesidad urgente de reformas y una supervisión más rigurosa para asegurar que la entidad no se convierta en un centro de actividades ilícitas.
En orden cronológico descendente, estos son los diez escándalos de la UNP que más han generado controversia mediática y de la opinión pública:
Transportaban 34 guerrilleros
El caso más reciente se registró el pasado martes, 23 de julio, cuando una caravana de siete vehículos de la UNP transportaba por las carreteras del departamento de Antioquia a 34 integrantes de las FARC, incluyendo varias cabecillas con órdenes de captura vigente y un menor que fue reclutado cuando apenas tenía 12 años; además, llevaban de $100 millones en efectivo, armas y equipos de telecomunicaciones. Esta noticia causó indignación por el uso indebido que se le está dando a los carros oficiales y, porque, la Fiscalía dejó libre a tres de los siete guerrilleros que tenían orden de captura, argumentando que no podían ser detenidos por hacer parte de la mesa que negocia un acuerdo de paz con el gobierno.
Tour a extranjeros
La Procuraduría General de la Nación anunció el 2 de abril que inició una investigación disciplinaria contra Francisco Torres Luna, agente de la Unidad Nacional de Protección, por presuntas irregularidades en el uso de los vehículos que tenía a cargo y que habrían sido usados para dar »tours’ a ciudadanos extranjeros.
El organismo evidenció que en los carros oficiales se transportaban a algunos turistas brasileros y mexicanos a algunos municipios de Cundinamarca como Guadalupe, La Calera, Choachí, Zipaquirá y Cajicá. El funcionario aparentemente cobraba sumas de entre $200.000 y $250.000, por los trayectos con turistas.
El funcionario, quien es parte del grupo Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo en la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP, indicó que el combustible y el vehículo pertenecían a esta entidad.
Escoltas sin licencia
El pasado 19 de marzo, la periodista Amalfi Rosales, quien cuenta con esquema de protección, denunció que los integrantes de su escolta, asignados por la Unidad Nacional de Protección, portaban armas sin la documentación legal requerida. Lo que se creía un hecho aislado resultó ser un problema que afectó a la entidad debido al cambio en las empresas contratistas responsables de otorgar las licencias para el porte de armas. Anteriormente, esta tarea estaba en manos de la empresa de seguridad Guardianes, pero ahora ha pasado a Alliance, compañía vinculada a Jorge Moreno, conocido como el ‘zar de la seguridad’.
Cayeron con droga en el Caquetá
Los medios de comunicación del país registraron el pasado 15 de marzo que, en la vía que conduce de Montañita a Florencia en el Caquetá, fueron capturadas cuatro personas que se movilizaban en un vehículo de la UNP asignado a un protegido de la subdirección especializada del Espacio Territorial de Agua Bonita. En el automotor llevaban una bolsa con siete paquetes de una sustancia similar a base de coca.
Este habría sido el cuarto vehículo de la Unidad que en menos de seis meses se descubriera transportando drogas por las vías del país.
Escolta con propaganda del Clan del Golfo
El pasado 7 de marzo se conoció sobre la captura de un escolta y un protegido con armas y material del Clan del Golfo. La detención del hombre se registró en una carretera entre los municipios de Chigorodó y Dabeiba, Antioquia, cuando fue descubierto por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá, transportando 100 libros del estatuto, constitución y régimen disciplinario y 100 de proyecto político de ese grupo armado ilegal; en el procedimiento también fue encontrada una pistola Glock, tres proveedores y 45 cartuchos calibre 40 para la misma.
Cargados de cocaína
La atención mediática del 24 febrero se fijó en los hechos ocurridos en un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte de Sevilla (Valle), cuando las autoridades hallaron 74 kilos de cocaína en una camioneta de la UNP en la que se transportaban Arlez Porras Gómez, desmovilizado conocido con el alias de Yesid Guevara o Cucaracho, y Jorge Tulio Góngora Belalcázar y Dairo Herney Yandi Liponce, integrantes de la Subdirección Especializada de esa entidad.
Roban 16 camionetas
El 19 de enero la Policía Metropolitana de Bogotá asumió la investigación por el robo de 16 camionetas blindadas que estaban listas para ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección. Al menos 20 sujetos fuertemente armados ingresaron a un patio taller en Suba y salieron con los vehículos. Los criminales irrumpieron en el patio taller del proveedor de la UNP y amarraron a los vigilantes que lo custodiaban.
Denuncia por acoso sexual
El 15 de mayo del 2023, Wendy Nataly Hernández denunció ante la Fiscalía a Augusto Elsahieh Sánchez, jefe jurídico de la UNP, por acoso sexual. La mujer, quien fue abogada de la oficina jurídica de esa entidad, comentó que Sánchez le hacía comentarios inapropiados y morbosos constantemente incluso cuando estaban en público. Señaló que esta información la había expuesto ante los directivos de la Unidad Nacional de Protección que hicieron caso omiso a los graves señalamientos.
Líder social transportaba armas y guerrilleros
El 7 de abril del año pasado los medios registraron que Melkin Hernán Castrillón Peña, líder social del Magdalena Medio, quien contaba con medidas especiales de seguridad, aprovechó su acceso a un vehículo de la UNP para transportar armas de fuego y ayudar en el traslado de líderes de las disidencias de las FARC, como alias Almir, del Bloque Magdalena Medio. Además, la Fiscalía
presentó pruebas que indican que Castrillón habría realizado actividades ilegales, conocidas como trabajo de masas, para este grupo en municipios del sur de Bolívar, Antioquia y Santander.
Carro de congresista con munición
El 9 de marzo del 2023, el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, se vio envuelto en un escándalo cuando, en el vehículo que le fue asignado para su protección, fueron hallados
más de 175 cartuchos de munición para fusil calibre 5.56. El congresista se defendió diciendo que él no se movilizaba en el automotor en el momento de los hechos, por lo que solo fue capturado el conductor.