En el extenso mensaje, cuestionó la facilidad con la que sospechas no resueltas pueden adquirir apariencia de hechos concluidos cuando se presentan sin una delimitación clara entre análisis, opinión y juicio anticipado en el debate mediático.
Un pronunciamiento de la analista Carolina Restrepo Cañavera reconfiguró el debate público surgido tras la publicación de la columna La contadora, del periodista Daniel Coronell, al poner en duda la solidez del relato que presenta como “corrupción estructural” el acceso a un subsidio rural vinculado al entorno del dirigente gremial José Félix Lafaurie.
La discusión se centra en la interpretación que convierte un conjunto de actuaciones formales —societarias y contables— en indicio concluyente de privilegios indebidos. Para Restrepo, el debate se ha desplazado del análisis de hechos verificables hacia una construcción narrativa que sobredimensiona el alcance del incentivo económico y eleva la sospecha a categoría de certeza.
En su mensaje, la analista cuestionó la premisa central del señalamiento al subrayar la desproporción entre el supuesto beneficio y la complejidad del entramado que se describe. “Entonces ahora la narrativa es que José Félix Lafaurie, uno de los hombres con más acceso político y gremial en el sector agropecuario, montó toda una operación societaria, presentó documentos, soportó contabilidad, firmó estados financieros y puso a su hijo al frente de una empresa para acceder a un subsidio rural de 27.000 dólares”, escribió la analista.
Restrepo advirtió que el encuadre propuesto apela a categorías de alto impacto simbólico sin pasar por un filtro básico de racionalidad económica. A su juicio, ese tipo de relatos tienden a erosionar la frontera entre investigación y opinión, especialmente en contextos de alta sensibilidad frente al uso de recursos públicos y paraestatales.
A renglón seguido, puso el acento en las consecuencias que de toda índole podría suscitar una actuación irregular para obtener el incentivo. “¿De verdad alguien cree que Lafaurie necesita montar todo eso para ahorrarse el equivalente a 100 millones de pesos, con el riesgo reputacional, penal y político que eso implica, y que además resulte razonable presentar ese escenario como un caso de corrupción estructural?”, cuestionó.
Finalmente, insistió en que el escrutinio público sobre subsidios rurales es legítimo, pero pierde fuerza cuando se formula sin criterios de escala y plausibilidad. En ese marco, Restrepo llamó la atención sobre el uso expansivo del término corrupción y sus efectos en el debate público.
“Esto no es una denuncia seria. Es una fábula ideológica vendida en cuotas, con frases altisonantes, construida para generar impacto político, pero sin ningún sentido común ni correspondencia clara entre los hechos y las conclusiones que se anuncian”, puntualizó Carolina Restrepo Cañavera.
