La senadora María Fernanda Cabal desmonta el discurso ambiental de Petro y lo acusa de empobrecer al país con su «transición energética de papel».
En medio de la creciente tensión por el paro minero que paraliza sectores estratégicos de Boyacá, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó una contundente respuesta al presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la caída de las exportaciones de carbón a una “inevitable transición energética global”.
Para la líder opositora, las palabras del jefe de Estado no solo reflejan un desconocimiento profundo de la realidad nacional, sino que evidencian una política ideológica desconectada de las necesidades del país.
La congresista del Centro Democrático no se guardó nada: “Usted celebra el declive de nuestra producción minera como si fuera un triunfo ambiental, cuando en realidad es un fracaso de política económica. El carbón y el petróleo aún tienen demanda internacional, y mientras países ricos siguen comprando, usted prefiere condenar a nuestras regiones a la pobreza”.
Replicó el largo trino publicado por el presidente Petro en el que explicó que la reducción en la producción y exportación de carbón –de 90 millones de toneladas en 2014 a 60 millones en 2024– no era culpa de su gobierno, sino consecuencia de una transición energética global impulsada por la urgencia de mitigar el cambio climático. Para Petro, Colombia debe adaptarse a un nuevo modelo basado en “agricultura sostenible” y “pagos sociales” a los campesinos que cuidan los páramos.
Pero para Cabal, esta narrativa esconde una realidad mucho más cruda: “¿Transición energética? Pero la transición no puede significar hambre, desempleo y abandono. Su política no ha hecho otra cosa que acelerar la destrucción de sectores productivos sin ofrecer alternativas reales”.
La aspirante presidencial también criticó el asistencialismo como eje central del modelo gubernamental. “Habla de ‘pacto por el agua’ mientras promueve un modelo que no protege ni el agua ni al campesino, sino que lo empuja al asistencialismo con ‘pagos sociales’ que dependen de un Estado ineficiente y de una cooperación internacional que nunca llega”.
Y remató con una frase lapidaria: “Los campesinos no quieren que los mantenga el Estado: quieren producir, trabajar y vivir con dignidad. La minería legal no es el enemigo: el enemigo es la improvisación, la persecución ideológica al sector productivo, y la romantización de discursos vacíos”.
Una crisis que se profundiza
El detonante de este nuevo choque entre el Ejecutivo y la oposición ha sido el paro minero en Boyacá, donde miles de trabajadores protestan por las restricciones impuestas a la minería legal en zonas de páramo, decisiones que, según líderes locales y gremiales, están asfixiando la economía del departamento.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también alzó su voz, aunque con un tono menos confrontacional que el de Cabal: “Ni los parameros ni habitantes de alta ladera son depredadores de los ecosistemas, ni los mineros boyacenses son responsables de la crisis climática mundial. Y muchas de sus reclamaciones son justas”.
Amaya, sin embargo, advirtió que el bloqueo indefinido no es la salida, y señaló que el departamento podría estar perdiendo cerca de 6000 millones de pesos diarios por la parálisis.
Petro, fiel a su estilo, respondió desde su cuenta de X (antes Twitter), reafirmando que la caída de la minería es una tendencia irreversible y que el país debe “dejar de ser avestruz” frente al colapso de los precios del carbón, augurando que el mundo dejará de consumirlo en pocos años. El presidente habló de un “pacto por el agua”, del papel del campesinado como “cuidador del páramo” y de una transición laboral pactada con las comunidades.
Realidades que no encajan
Pero para muchos sectores políticos y sociales, estas promesas suenan vacías. En un país donde la informalidad supera el 58% y donde el Estado apenas logra cumplir con sus obligaciones mínimas en zonas rurales, hablar de “transición laboral pactada” o de “pagos sociales” financiados por un fondo internacional suena más a utopía que a plan realista.
La minería legal, especialmente en regiones como Boyacá, no es un capricho de empresarios, sino un sustento para miles de familias que hoy ven cómo se cierran sus posibilidades sin recibir alternativas tangibles. Las medidas restrictivas al carbón, sin planes de sustitución claros ni inversión real en reconversión productiva, están generando descontento, pobreza y estigmatización.
Además, el discurso ambientalista del presidente contrasta con realidades contradictorias: mientras se habla de proteger páramos, su gobierno ha impulsado megaproyectos de energía eólica y solar sin consulta previa, afectando comunidades indígenas en La Guajira, y ha tardado en frenar la minería ilegal, verdadero depredador del agua y los ecosistemas.
La voz de una oposición sin miedo
Con su intervención, María Fernanda Cabal reafirma su papel como una de las voces más críticas frente al gobierno Petro. No teme señalar lo que considera una “persecución ideológica” al sector productivo y acusa al mandatario de romantizar una “transición” sin piso económico ni técnico.
La senadora ha venido consolidando su discurso de defensa de los sectores productivos, de la minería legal y de la soberanía energética del país. Y aunque su tono confrontacional le ha granjeado enemigos, también ha encontrado eco entre sectores que se sienten abandonados por un gobierno que, según ellos, ha privilegiado la retórica sobre las soluciones concretas.
El debate está servido. Mientras el presidente insiste en que el mundo se está moviendo hacia un nuevo paradigma, sus críticos le exigen responsabilidad con las familias colombianas que aún dependen de la vieja economía. Porque parafraseando a Cabal: la transición no puede ser excusa para el hambre.
