La Procuraduría le pidió a la JEP que investigue si los recientes asesinatos en esa región obedecen al ejercicio del control social por parte del frente 5 de las extintas Farc.
Debido a la serie de homicidios de civiles señalados de colaborar con el Ejército Nacional o con grupos paramilitares por parte del frente 5 de las extintas Farc, que operaron en el Urabá antioqueño y chocoano, la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que defina e investigue si estos asesinatos hacen parte de un nuevo patrón criminal.
El procurador primero Delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, manifestó en el documento de observaciones a las versiones entregadas por cinco exintegrantes de los mencionados frentes, que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macro criminal, teniendo en cuenta que se trató de crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial.
“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, afirmó.
Macabra estigmatización
En una de las versiones analizadas en el documento, un excombatiente relata cómo el señalamiento de un miliciano contra tres muchachos indígenas como colaboradores del Ejército, bastó para que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.
“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran ‘comprobados’ o fueran simples ‘sospechosos’, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, aseguró el delegado en su análisis.
Otras solicitudes
La Procuraduría también solicitó a esa magistratura profundizar en aspectos relacionados con el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales (minas antipersonas y diferentes tipos de bombas artesanales), a fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de graves daños colaterales a la población civil.
Así mismo requirió a la JEP profundizar en hechos relacionados con violencia sexual, de género y exigir a los comparecientes que reconozcan la ocurrencia de estos delitos durante su tránsito como miembros de la estructura armada para demostrar su voluntad de aporte a la verdad y como parte de las medidas de reparación, para que la violencia sexual y de género deje de ser una conducta silenciada, invisibilizada y minimizada por todos los actores armados del conflicto.