A la Contraloría le preocupa que la viabilidad financiera de la universidad pública puede comprometa la calidad de la educación superior.
El incumplimiento del presidente Gustavo Petro en fortalecer económicamente la educación universitaria pone en riesgo el futuro de las instituciones educativas públicas, que enfrentan serias dificultades financieras a pesar de los compromisos asumidos en su campaña. Bajo este panorama y en un claro llamado a la acción, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instó al Ministerio de Educación a priorizar de manera urgente el problema de la financiación de las universidades públicas en el país. En una reciente declaración, Rodríguez Becerra enfatizó en la necesidad de una colaboración efectiva entre los gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y los actores sociales para abordar esta crítica cuestión.
El contralor resaltó la importancia de asignar recursos adecuados y de resolver las inquietudes que surgen en relación con las variaciones significativas en los pasivos pensionales de las universidades públicas. También hizo hincapié en la necesidad de asegurar un flujo constante de fondos para cumplir con estas obligaciones, lo que resulta esencial para mantener la estabilidad financiera y operativa de estas instituciones educativas.
De acuerdo con el contralor, desde los años 90, las universidades públicas han experimentado un crecimiento continuo bajo el modelo de universalización de la educación superior, pero lo han hecho con los mismos recursos limitados. Esta situación ha llevado a una serie de problemas estructurales en la financiación, que se han manifestado en déficit de deuda y una reducción en las condiciones de calidad educativa.
El funcionario subrayó que, aunque es necesario examinar el manejo presupuestal de las universidades, también es crucial evaluar la calidad de la educación que están proporcionando. “Las universidades públicas, y en general todas, vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos. Es necesario resolver estos problemas estructurales de financiación”, comentó el contralor. “Esto se ha solventado con déficit de deuda y disminución en las condiciones de calidad”.
Además, sugirió reactivar el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para cada universidad, teniendo en cuenta sus particularidades. Esta medida, según él, es crucial para evitar que el sistema educativo se deteriore y se pierda la calidad alcanzada hasta ahora, mientras se implementa una política de financiación adecuada, que no debería estar condicionada a la mencionada reforma.
La preocupación del contralor refleja una situación que ha sido motivo de debate durante años, y la urgencia de su llamado resalta la necesidad de una acción coordinada para garantizar el futuro de la educación superior en el país. La colaboración entre todos los actores involucrados será fundamental para superar estos desafíos y asegurar que las universidades públicas puedan seguir desempeñando su papel crucial en la formación de la próxima generación.
