La decisión afecta a varios altos funcionarios del gobierno colombiano y marca un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales, luego de que el presidente Gustavo Petro señalara a congresistas estadounidenses de participar en una supuesta operación desestabilizadora.
Estados Unidos comenzó a revocar y cancelar visas a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, como represalia ante sus recientes declaraciones en las que insinuó que congresistas estadounidenses estarían involucrados en un intento de golpe de Estado en su contra. La medida fue confirmada por fuentes cercanas al Departamento de Estado.
Según se conoció, las acciones incluyen revocaciones formales y cancelaciones silenciosas desde el sistema consular, y apuntan tanto a altos funcionarios como a asesores del entorno cercano del mandatario colombiano. Entre los afectados figuran figuras clave como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el director de Inteligencia, Jorge Lemus; el comisionado de Paz, Otty Patiño; el negociador de paz, Álvaro Jiménez, y el embajador en México, Fernando García. En contraste, la visa del presidente Petro permanece vigente.
La decisión se produce tras las acusaciones directas de Petro contra los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, a quienes señaló como parte de una supuesta “operación internacional” para desestabilizar su gobierno. Ambos legisladores negaron enfáticamente los señalamientos, y Giménez respondió con fuertes calificativos contra el presidente colombiano, llamándolo “drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.
En medio del creciente malestar, Washington también ordenó el llamado a consultas del embajador encargado en Bogotá, John McNamara, en una señal del deterioro en las relaciones diplomáticas. Voceros diplomáticos indicaron que la revocación de visas es un mecanismo habitual que se aplica cuando se considera que no existen condiciones adecuadas de respeto institucional o de cooperación bilateral.
