Cauca, Antioquia y Chocó aparecen como los focos críticos de una práctica que persiste, pese al cese al fuego y las mesas de diálogo. Desde varios sectores administrativos y sociales le reclaman al Gobierno Nacional atención integral a la problemática.
La violencia contra los menores no da tregua. Entre enero y septiembre de este año, 123 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado en distintas regiones del país. Así lo documentó la Defensoría del Pueblo, al consolidar datos recogidos por sus sedes regionales y el sistema de alertas tempranas.
Los registros ubican al Estado Mayor Central (EMC) como el principal perpetrador, con un 44% del total de casos. Le siguen las disidencias de las FARC sin identificar, responsables del 22%, y el ELN, con una participación del 14%. Otros grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia y la Segunda Marquetalia también figuran en los reportes, aunque en menor proporción.
El fenómeno tiene un fuerte componente territorial. Cauca reporta 31 casos y encabeza la lista, seguido por Antioquia (17), Chocó (12), Huila (10) y Nariño (10). Estas cinco regiones concentran más del 65% de los hechos reportados, lo que confirma que la disputa armada continúa focalizada en zonas étnicas y rurales.
Por edad y género, el 63% de las víctimas son varones adolescentes, mientras que el 37% son niñas o adolescentes mujeres. Además, casi la mitad pertenece a comunidades indígenas y un 7% a población afrocolombiana, lo que revela una tendencia sostenida de afectación sobre grupos históricamente marginados.
“¡No son solo cifras, son sueños truncados! Las niñas, niños y adolescentes deben crecer en territorios de paz. Su futuro no puede ponerse en riesgo por el reclutamiento que hacen los grupos armados”, advirtió la Defensoría en su declaración institucional.
El llamado se dirige tanto al Gobierno Nacional como a los entes territoriales, para que fortalezcan las rutas de prevención, atención y restablecimiento de derechos, en cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y los tratados internacionales sobre derechos de la niñez.
