Esta iniciativa, impulsada por el exregistrador Alexander Vega, según la Corte Constitucional, no presentó un estudio serio de impacto fiscal ni realizó los procedimientos de consulta previa con las comunidades indígenas y, tampoco, llevó a cabo un debate serio y ajustado a las exigencias propias de la democracia.
La tarde de este martes 13 de agosto, trascendió a la opinión pública que la Corte Constitucional había declarado inexequible el recién aprobado Código Electoral. Esta es la segunda vez que el estatuto queda sin piso jurídico luego de un examen juicioso del Alto tribunal.
Los magistrados ponentes sustentaron su decisión en tres elementos fundamentales para la expedición de leyes en los Estados democráticos. El primero de ellos, tiene que ver con la ausencia de estudios que permitan determinar la incidencia de la reforma en la hacienda pública, es decir, no hay elementos de impacto fiscal.
El segundo de los argumentos contenidos en la sentencia C-340 de 2024, impulsada por la magistrada Cristina Pardo, cuestiona que no se haya ejecutado al pie de la letra lo referente a consultas previas, mecanismo especial que permite armonizar la legislación nacional con los pueblos indígenas, en este caso en concreto, era procedente porque puede afectar derechos fundamentales de las comunidades.
Y, por último, asegura la magistrada ponente, se obviaron los principios que rigen el ejercicio deliberativo democrático moderno. Explica el documento de más de 200 páginas, que los congresistas aprobaron la iniciativa legislativa sin llevar a cabo una discusión profunda y concienzuda del asunto.
El nuevo Código Electoral pretendía implementar el voto electrónico y el sufragio con ocho días de anticipación; establecía la identificación biométrica; propendía por la actualización del software; ampliaba el horario de votaciones en una hora y pretendía costear el transporte terrestre y fluvial desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde.
La decisión de la Corte Constitucional ha generado una oleada de reacciones en contra de las dinámicas implementadas por el actual gobierno para sacar adelante sus iniciativas legislativas, muchas veces yendo en contra de las normas vigentes.
Una de las que reaccionó a esta noticia, fue la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, quien desde el primer momento se opuso a los cambios introducidos por el proyecto de ley presentado por el exregistrador, Alexander Vega.
“El año pasado tanto en Comisión Primera, como en plenaria del Senado, presenté los reparos a ese Código Electoral que traía la creación de cargos para el sistema electoral sin atender la regla fiscal; traía el voto electrónico mixto, el mismo camino que han usado en Venezuela para robarse las elecciones y, además, traía la ampliación de la jornada electoral”, dijo la precandidata presidencial en una entrevista radial.
Cabal, haciendo clara referencia a los problemas que se han presentado en Venezuela tras las pasada elecciones presidenciales y los resultados de estas. Las cifras presentadas por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana han puesto en evidencia el sentido dictatorial del ejercicio administrativo de Nicolás Maduro.
“Ese código era el fin de la democracia luego de las elecciones de 2026 cuando cobraba vida el voto electrónico mixto, por fortuna, teníamos razón cuando dijimos que no se atendía la regla fiscal para poderlo tramitar y, justamente, fue ese uno de los argumentos que atendió la Corte para declararlo inconstitucional”, comentó la líder de la oposición.
Durante toda la tarde del martes, la precandidata presidencial estuvo compartiendo imágenes y videos de sus intervenciones en el Senado en contra del Código Electoral declarado inexequible, en una de esas publicaciones, aparece Cabal enumerando los países del primer Mundo que han implementado y desmontado el voto electrónico por las pocas garantías que brinda.
