Los operativos, realizados entre septiembre y octubre, dejaron decenas de muertos en embarcaciones señaladas de narcotráfico. Las ONG advirtieron que se trata de ejecuciones extrajudiciales sin base legal y de una peligrosa expansión del poder presidencial en operaciones militares no autorizadas.
Una carta suscrita por 108 organizaciones de derechos humanos, justicia y política exterior encendió las alarmas sobre el rumbo militar del Gobierno de Donald Trump. El documento, dirigido a los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara, pide al Congreso abrir una investigación formal por los recientes ataques navales en el mar Caribe, ejecutados sin autorización legislativa ni control judicial.
Entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre, fuerzas estadounidenses destruyeron al menos cinco embarcaciones en el Caribe Sur, bajo el argumento de combatir al Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista. No obstante, los denunciantes aseguran que ninguna autoridad ha probado que los barcos estuvieran armados o que representaran un peligro inminente. A su juicio, se trató de operaciones letales arbitrarias con apariencia de legalidad.
“El Gobierno no ha presentado evidencia que justifique estos ataques ni ha explicado por qué se descartaron medidas menos letales, como la captura de los tripulantes”, advierte la carta, y a renglón seguido advierte que “el uso indiscriminado de la fuerza viola el derecho internacional y erosiona los límites constitucionales del poder ejecutivo”.
Las organizaciones sostienen además que la administración Trump ha extendido la lógica bélica al interior de Estados Unidos, desplegando tropas en ciudades como Los Ángeles y Chicago con fines de control social. Esa combinación de ofensivas externas y represión interna —afirman— configura una tendencia peligrosa hacia la militarización del orden público.
En su conclusión, la misiva insta al Congreso a restablecer los controles democráticos sobre el uso de la fuerza, exigir responsabilidades y evitar que el Ejecutivo actúe al margen del derecho. “Estos ataques podrían ser el preludio de una campaña militar sin límites legales ni supervisión ciudadana”, advierte el documento firmado por el Center for Constitutional Rights, la Drug Policy Alliance y el Institute for Policy Studies, entre otros.
