Es un Plan Nacional de Desarrollo, no una Ley habilitante para darle superpoderes a un megalómano: Cabal

El texto presentado al Legislativo solicita de manera expedita 14 facultades extraordinarias por un periodo de seis meses, lo que significa que el presidente Petro podrá en ese periodo hacer modificaciones sustanciales a varias instituciones públicas y leyes sin pasar por el Congreso.

Desde el pasado lunes diferentes voces de la política y la opinión pública han dejado ver su desacuerdo por las facultades extraordinarias que se le otorgarían al presidente Gustavo Petro mediante el Plan Nacional de Desarrollo, presentado ante el Legislativo para que sea discutido y aprobado.

Una de las que se ha mostrado en contra de esta serie de facultades solicitadas vía Plan Nacional de Desarrollo es la senadora por el Centro Democrático y líder de la oposición al Gobierno Petro, María Fernanda Cabal, quien a través de su cuenta de Twitter advirtió que de aprobarse tal como están, se abriría una puerta que daría paso a la dictadura.

“¡Cuidado, Colombia! Con esta solicitud de facultades extraordinarias, Petro se erige como todo un dictador, para legislar durante seis meses. Esto es un PND, no una Ley habilitante para darle superpoderes a un megalómano”, trinó Cabal.

Son 14 las facultades extraordinarias solicitadas

Efectivamente, en todo el articulado del Plan Nacional de Desarrollo se solicita en varias oportunidades revestir al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por un término de seis meses. En total, serían 14 las potestades que habilitarían a Petro para actuar autónomamente sin necesidad de acudir al Congreso.

El artículo 160 del texto propuesto al Congreso, por ejemplo, solicita esas facultades para expedir “el decreto con fuerza de ley que regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con el texto protocolizado en consulta previa”.

Sobre este particular, la senadora de oposición dejó ver su malestar, pues, según su opinión el Gobierno buscaría darles un tratamiento preferencial a los indígenas en materia penal.

“Venden la falsa idea de la igualdad para todos, y lo que hacen es promover más y peores desigualdades, con tratos preferenciales en las condiciones de reclusión de la población indígena. ¿De qué clase de igualdad hablan? ¿Donde unos tienen más y mejores derechos?”, trino la congresista por el Centro Democrático.

Más adelante, el artículo 298 denominado Facultades Extraordinarias, enumera un total de 13 acciones que podría ejecutar el presidente Petro sin la intervención del Congreso, entre estas: Regular i) los usos alternativos de la planta de coca, ii) los usos alternativos del cannabis y iii) los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas.

Así mismo, crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica, de entidades de la rama ejecutiva; modificar los objetivos, funciones, estructura orgánica y régimen jurídico de las entidades de la rama ejecutiva; capitalizar las empresas que se creen, fusionen, escindan o integran, en ejercicio de las facultades conferidas, y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación, entre otras.

Otros actores políticos y sociales dejan ver su malestar

También terció en la polémica el senador por el Partido de La U, Christian Garcés, quien aseguró que la aprobación de todas las facultades expeditas y las que están disfrazadas en el articulado convertirían al Legislativo en una figura decorativa y carente de poder.

“[El PND busca que] el Congreso sea un accesorio, una decoración para acompañar al Gobierno, pasando por encima de su función constitucional legitimada por el voto popular (…) El articulado pretende modificar infinidad de leyes sin pasar por los respectivos controles legislativos y constitucionales”, apuntó el senador Garcés.

Otra de las que opinó al respecto, fue la senadora Paola Holguín, quien cuestionó las modificaciones que el Gobierno Nacional pretende hacer a la estructura y filosofía institucional de la Policía Nacional, que sería, de acuerdo con el articulado, trasladada o adscrita “a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil”, lo que significa palabras más, palabras menos, que se limitaría su accionar y la cooperación que presta actualmente esta entidad alas Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la congresista por el Centro Democrático, aseguró que el presidente “no quiere que se debata sino que se le den facultades al presidente para legislar vía decreto y eso atenta contra la democracia, sobre todo para ellos que se la dan de demócratas, pero que uno ve que no quieren el debate”.

Las asociaciones de trabajadoras domésticas también mostraron su preocupación y desilusión porque las muchas propuestas que hicieron para mejorar sus condiciones laborales de ese sector no fueron tenidas en cuenta por la ‘Colombia Humana’ en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Hemos hecho un trabajo de muchos años para organizarnos y plantear ideas que son clave para nuestro sector. Estas propuestas se concretaron en cinco apuestas específicas a partir de los espacios de diálogo e interlocución que tuvimos en ocho ciudades. Sin embargo, no fuimos tenidas en cuenta ni incluidas”, comentó la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico, Claribed Palacios.

Finalmente, María Fernanda Cabal advirtió que a pesar de haber ganado las elecciones, el presidente Petro no puede obviar las leyes que rigen el ejercicio legislativo. “Debo advertir que aunque no lo entienda el gobierno de izquierda, un Plan Nacional de Desarrollo no es una LEY HABILITANTE para darle gusto al delirio socialista, que pretende imponer su parecer, incluso por encima de la técnica legislativa”, puntualizó la senadora.