César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue enviado a la cárcel junto a otros siete implicados por su presunta participación en un entramado de corrupción que desvió recursos destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas.
La juez 66 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, y siete personas más, por su presunta implicación en un caso de corrupción que afectó recursos de emergencia administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La juez también ordenó su captura inmediata.
Según la Fiscalía, Manrique Soacha habría sido clave en la gestión y facilitación de un convenio por 100.000 millones de pesos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. A cambio, habría exigido que los contratos derivados de ese dinero fueran adjudicados a personas específicas.
La investigación señala que parte de esos contratos estaban relacionados con la adquisición de carrotanques, plantas desalinizadoras, pozos de agua potable y servicios de topografía. Uno de los convenios más cuestionados es el suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú para suministrar carrotanques a comunidades indígenas en La Guajira. Dicho contrato, firmado por 29.000 millones de pesos, presentó sobrecostos por 13.164 millones.
De esa suma, la Fiscalía rastreó pagos directos de 3.000 millones de pesos a Manrique Soacha, 2.060 millones a Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado también implicado, y 6.380 millones a los directivos de Yapurutú.
A los implicados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Entre los procesados también figuran Ana María Riveros Barbosa, hija de Riveros Rey; Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada del abogado y contratista de la Ungrd; Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Yapurutú; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de Función Pública, y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la Ungrd.
