Pese a estar inmersa en una investigación disciplinaria, la magistrada María Patricia Balanta Medina se ha consolidado como una de las figuras con mayores patrocinios políticos en la actual contienda por llegar al Alto Tribunal.
Balanta, abogada vallecaucana con experiencia como jueza, docente universitaria y magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, enfrenta una investigación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El proceso, que fue revelado recientemente, gira en torno a denuncias de acoso laboral presentadas por una exfuncionaria que habría sufrido tratos degradantes durante su paso por el despacho de la togada.
Según las versiones, la magistrada habría incurrido en comportamientos sistemáticos de maltrato, presuntamente incompatibles con los deberes de un servidor público del nivel superior. Pese a estos señalamientos, Balanta cuenta con un apoyo político robusto que la posiciona como una candidata fuerte para asumir un cargo en la Corte Constitucional.
Desde el entorno del Gobierno Nacional, especialmente en sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, se han activado gestiones para sostener su candidatura. Voces del Pacto Histórico han defendido su perfil y promovido su postulación como parte de una estrategia más amplia para influir en la composición del alto tribunal.
A este respaldo se suma el del partido de La U, que ha mostrado interés en mantener la cercanía con la magistrada, particularmente a través de su codirector, el exregistrador Alexander Vega, con quien Balanta habría tejido alianzas clave. Algunos analistas interpretan esta convergencia como un ejemplo de la tradicional repartición de cuotas entre colectividades que buscan mantener influencia en la Rama Judicial.
De manera paralela, en el Congreso de la República se libra un pulso que podría definir el futuro de esta aspiración. En la terna actual que se discute para el relevo en la Corte, figuran también el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo y el jurista Jaime Tobar. No obstante, las bancadas ya evidencian una inclinación dividida, en la que Balanta podría imponerse si logra consolidar los apoyos prometidos por las bancadas afines al Ejecutivo.
El caso de la magistrada Balanta pone en evidencia una paradoja cada vez más frecuente: mientras el sistema judicial adelanta una indagación por posibles faltas a la dignidad del cargo, el poder político parece decidido a premiar a la funcionaria con una de las sillas más influyentes del país. El resultado final no solo marcará un precedente en términos de meritocracia y ética judicial, sino que también reflejará el nivel de incidencia que aún conservan los partidos y el Ejecutivo en la arquitectura de las instituciones en Colombia.
