Por: José Félix Lafaurie Rivera Twitter: @jflafaurie
No es fácil entender, o mejor, “desentrañar” el Acuerdo del “Cese al Fuego” entre el Gobierno y el ELN, que tiene además una estrecha relación con el Acuerdo de Participación y, literalmente, no se puede entender el uno sin el otro.
Esa relativa complejidad da pie a interpretaciones desinformadas y juicios sesgados que terminan dándole a la sociedad visiones distorsionadas o incompletas, cuando lo que se requiere es una lectura y análisis desapasionados para comprender lo acordado.
Por ello el acuerdo obliga al ELN y al Gobierno a desarrollar acciones pedagógicas para “enseñar” el alcance de los acuerdos y protocolos, a lo que ayudaría mucho que los medios y formadores de opinión se sumaran a esta “pedagogía social”.
Me estreno en ella con una explicación apretada de estos dos acuerdos. El de cese al fuego tiene tres fases: una primera, entre el 9 de junio y el 5 de julio, de “Alistamiento” en temas de comunicaciones, protocolos pendientes, pedagogía y Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
La segunda, entre el 6 de julio y el 2 de agosto, inicia con la orden del cese de “acciones ofensivas”, tipificadas en el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase, mientras avanza la pedagogía, deberá producirse un “desescalamiento” que empiece a detener el tren sin frenos de la violencia del ELN.
La tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables y con “vocación de continuidad”, a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, especialmente, de la Veeduría Social. Desde el 3 de agosto también, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia, de oficio, denunciará eventuales incumplimientos, o cualquier ciudadano que, gracias a la pedagogía, ya comprende el Acuerdo y estará en capacidad de hacerlo.
Es aquí donde se encuentran los dos acuerdos, pues sin cese al fuego y también de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como “fuentes de financiación”.
El Acuerdo de Participación contempla tres fases también; la primera, de máximo seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades en los territorios.
La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a mi juicio sobrediagnosticadas, a partir del diálogo con diferentes actores sociales y la compilación de información de referencia.
La tercera es el proceso de participación propiamente dicho; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad toda en los territorios -así se espera-, cuyos resultados, debidamente sistematizados, se consolidan en el Plan Integral de Transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la mesa de Diálogos.
Esta fase final, siempre acompañada de prórrogas sucesivas del cese al fuego, se extenderá hasta mayo de 2025, la fecha del malentendido presidencial, que no lo es tanto, pues el Plan Integral de Transformaciones, evaluado por la Mesa como instancia bipartita, se plasmará en decisiones vinculantes que, a su vez, serán el insumo para un Acuerdo Final que, para entonces, estaría cercano.
Recapitulemos: sin cese al fuego y de hostilidades no habrá participación posible y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, estos acuerdos enfrentan el imperativo de cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos en libertad y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Esperemos que así sea.
