Tan solo en el mes de junio se han registrado cuatro masacres, dejando 12 personas asesinadas.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, confirmó que en lo que va del año se han registrado un total de 30 masacres en distintas regiones de Colombia. Este preocupante incremento fue reportado por la organización a través de sus redes sociales.
Uno de los eventos más recientes ocurrió el pasado 17 de mayo en la vía que conecta los municipios de Miranda y Corinto, departamento de Cauca. En este trágico incidente, un artefacto explosivo detonó causando la muerte inmediata de un niño de 12 años y del conductor de la motocicleta en la que viajaban Mercedes Impujan, madre del menor, quien resultó gravemente herida y lamentablemente falleció hoy debido a las severas lesiones sufridas, considerando este suceso como una masacre.
En lo corrido del mes de junio, han sido asesinadas 12 personas.
Miranda en Cauca continúa siendo el epicentro de la violencia en la región. El 14 de junio, tres personas fueron asesinadas a tiros por individuos que, sin mediar palabra, dispararon repetidamente. Entre las víctimas se encontraban Jhonny Gómez y Jhon Sánchez, identificados por la comunidad como habitantes de calle. La tercera víctima aún no ha sido identificada.
El mismo día, en Florida, Valle del Cauca, otras tres personas perdieron la vida en el barrio Nuevo Horizonte, donde fueron atacadas por hombres armados que dispararon desde una camioneta en plena vía pública. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos.
El 5 de junio, en Belén de los Andaquíes, Caquetá, tres personas fueron encontradas asesinadas a tiros y abandonadas a orillas de la carretera en la vereda Porvenir, a pocos minutos del casco urbano.
Finalmente, el 2 de junio, tres hombres fueron ejecutados con armas de fuego dentro de una vivienda en Cartago, Valle del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Darwin Cardona, Álvaro Gómez y Danilson Jaramillo.
Estos lamentables sucesos evidencian un preocupante aumento de la violencia en diversas regiones del país, lo cual ha generado alarma creciente en la población. No obstante, las autoridades no han emitido pronunciamientos claros ni se percibe una política efectiva que proteja la vida e integridad de los ciudadanos.
