Las principales áreas afectadas incluyen la generación de ingresos, el acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
En su más reciente informe, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, integrada por la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, señaló importantes deficiencias en la implementación del modelo de reparación colectiva en Colombia. El informe revela que el progreso en la atención y reparación integral de las víctimas sigue siendo lento y enfrenta numerosos obstáculos.
Si bien desde anteriores gobiernos han venido presentándose rezagos, la administración de Gustavo Petro tampoco ha avanzado en su eficaz implementación, por el contrario, la situación tiende a empeorar.
El informe destaca que los recursos asignados a la Política Pública de Víctimas siguen siendo insuficientes para atender a las 9.737.008 personas registradas. Las principales áreas afectadas incluyen la generación de ingresos, el acceso a tierras, vivienda, salud y educación. Según los cálculos realizados, se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) hasta 2031.
Dentro de estos recursos, se destacan $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior.
La comisión también hizo un seguimiento a los procesos de diálogo y negociación entre el gobierno y estructuras armadas ilegales, señalando que estos procesos han generado impactos humanitarios significativos en los territorios afectados. Entre las principales consecuencias, se observan un endurecimiento de las pautas de control poblacional, un aumento de la extorsión, secuestro y reclutamiento forzado.
En cuanto a la atención humanitaria, el informe resaltó un incremento preocupante en los eventos de confinamiento, con una concentración significativa en los departamentos de Chocó, Nariño y Arauca. También se identificó una necesidad urgente de focalización en los departamentos con mayores dinámicas de conflicto armado, como Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, para garantizar el acceso oportuno a las medidas de atención en situaciones de emergencia.
El documento puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los Centros Regionales de Atención a Víctimas, que sufren de deterioro en sus instalaciones y una disminución en el número de atenciones debido a problemas en el registro de datos y falta de seguimiento por parte de las entidades del Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Víctimas (Snariv).
En materia de vivienda, el informe indica que más del 77 % de las víctimas enfrentan déficit habitacional y que su participación en subsidios de vivienda ha disminuido drásticamente. En 2013, las víctimas representaban el 73,4 % de los subsidios otorgados, mientras que en 2023 su participación se redujo al 11,9 %.
El informe también alertó sobre falencias en el proceso de restitución de tierras, con demoras de hasta dos años para la inscripción de solicitudes y una etapa judicial congestionada. A pesar de las sentencias de restitución, persisten incumplimientos por parte de diversas entidades gubernamentales.
Finalmente, la comisión hizo un llamado a las instituciones pertinentes, como el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad para las Víctimas (Uariv) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que avancen en la rehabilitación y atención psicosocial de niños y adolescentes afectados por el conflicto armado.
El informe subrayó la necesidad urgente de mejorar la implementación de las políticas públicas para las víctimas y garantizar que los recursos y esfuerzos se dirijan de manera efectiva hacia la reparación integral y la atención a las necesidades de las personas afectadas por el conflicto armado.
