Un abogado solicitó al Consejo de Estado suspender el decreto con el que el gobierno convocó a una consulta popular sobre reforma laboral, pese al concepto negativo del Senado. El sector empresarial denuncia una posible violación a la legalidad y a la seguridad jurídica.
La controversia por el decreto presidencial que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral sumó este martes un nuevo capítulo. El abogado Germán Calderón España presentó la primera tutela ante el Consejo de Estado, solicitando la suspensión inmediata del decreto expedido por el gobierno, que fue firmado pese al concepto desfavorable del Senado de la República.
En su acción constitucional, Calderón pidió que el alto tribunal suspenda de forma preventiva los efectos del decreto mientras se estudia de fondo la solicitud de nulidad. Según el jurista, el acto administrativo incurre en una abierta transgresión a los procedimientos legales, al pasar por alto una votación mayoritaria en contra de la iniciativa en la Cámara Alta.
“Los senadores votaron en mayoría en sentido desfavorable, lo que activa la ‘regla de mayorías’, según el reglamento del Congreso. Las decisiones deben reflejar la voluntad de la mayoría presente en la sesión”, argumenta la tutela.
Además, Calderón advierte que esta actuación vulnera el principio de seguridad jurídica, al desconocer un procedimiento reglado y previsible. “Este principio garantiza que las leyes sean claras y estables, y que los ciudadanos puedan confiar en que sus derechos serán respetados. Aquí se está quebrantando al convocar la consulta sin el aval del Senado”, añadió.
Empresarios rechazan la medida
El sector empresarial también manifestó su rechazo a la decisión del presidente Gustavo Petro. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), calificó la convocatoria como una medida «fuera de la ley» y pidió al gobierno que reconsidere su decisión.
“Es una decisión profundamente equivocada, que está por fuera del marco legal. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que respete el orden constitucional”, afirmó Mac Master.
La consulta, que plantea doce preguntas relacionadas con la reforma laboral, ha sido percibida por diversos sectores como una forma de eludir el control del Congreso. Desde el gobierno se ha defendido el decreto argumentando que el trámite legislativo estuvo plagado de “jugaditas” y vicios de procedimiento. Sin embargo, para los críticos, esto no justifica la omisión del proceso legislativo ordinario.
“No es al gobierno a quien le corresponde decidir si una votación estuvo viciada o no. Para eso están los jueces”, concluyó el líder de la ANDI.
