Gremios industriales alertaron que la apertura a hilazas importadas desde Asia afectaría a seis empresas representativas del sector, comprometería 8.000 puestos de trabajo y debilitaría la demanda de algodón nacional.
El sector textil encendió las alertas frente al decreto del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de importación de hilazas. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la medida podría alterar de manera estructural la competencia en el mercado local y favorecer a productores de Asia en detrimento de la industria nacional.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que la norma abre la puerta a una sustitución acelerada de la producción local por insumos importados. “Con el decreto emitido hoy, el Gobierno acaba de entregarle el mercado nacional a los productores de China, Vietnam, Cambodia, India y Turquía”, afirmó, al advertir que el diferencial de costos entre esos países y Colombia dejaría a las hilanderas nacionales en una desventaja difícil de compensar.
De acuerdo con el gremio, al menos seis empresas representativas del sector —con capacidad instalada para producir más de 45.000 toneladas al año y atender cerca del 25% del mercado interno— enfrentarían riesgos de continuidad. Mac Master advirtió que el impacto sería inmediato. “Desaparecerán 8.000 empleos y algunas de las compañías más importantes del sector si esta medida se mantiene en las condiciones actuales”, sentenció.
El dirigente gremial también alertó sobre los efectos comerciales de la decisión. Las reglas de origen incluidas en los tratados de libre comercio exigen que los productos textiles exportados desde Colombia utilicen hilaza nacional o de países con acuerdos vigentes. Con el uso de insumos provenientes de economías asiáticas, las confecciones colombianas perderían sus preferencias arancelarias en mercados como Estados Unidos, México y la Unión Europea.
Este impacto no se limitaría al segmento industrial. La cadena agroindustrial del algodón —con presencia en Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta— también tendría efectos por la reducción en la demanda de fibra nacional. Según Mac Master, “esta decisión no solo golpea a la industria; también ataca a los productores de algodón y a sus trabajadores, que dependen de una cadena productiva estable y predecible”.
Las centrales obreras habían planteado preocupaciones similares en las semanas previas, insistiendo en la necesidad de evaluar los efectos laborales y de competitividad antes de expedir la medida. Sin embargo, sus advertencias no fueron incorporadas en el proceso de revisión.
Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido a las inquietudes del sector privado ni ha anunciado ajustes al decreto. Los gremios solicitaron abrir un espacio de diálogo técnico para evaluar alternativas regulatorias que permitan proteger el empleo, mantener la competitividad exportadora y preservar la participación de la industria nacional en el mercado interno.
