El Consejo Gremial Nacional hace especial énfasis en la situación de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, entidades territoriales donde se han presentado el 50 % de todas las masacres ocurridas en Colombia el año pasado.
Desde la llegada al poder de Gustavo Petro, varios gremios económicos, especialmente los que tienen sus actividades productivas en la Colombia profunda, han sufrido en carne propia la inseguridad que reina en la ruralidad.
Invasiones a predios privados, extorsiones, secuestros, daños a edificaciones y cultivos, bloqueos constantes y sostenidos en la vías, obligaron a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), uno de los gremios más golpeados por el accionar de la delincuencia en la ruralidad, contratara al General (R) Fernando Murillo para liderar su estrategia de seguridad.
A través de su cuenta en la red social X, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), compartió un boletín de prensa donde todos los asociados al Consejo Gremial Nacional le piden al Gobierno Nacional tomar acciones urgentes frente al deterioro de la seguridad en algunas zonas del país.
Los empresarios señalan que los hechos de violencia registrados en detrimento de los intereses de sus agremiados, atentan contra el derecho a la libertad de empresa y de manera directa, al del trabajo y mínimo vital de todas las personas vinculadas a la cadena productiva y logística.
“Cuatro hechos violentos contra el sector productivo se han registrado esta semana en el país, los cuales comprometieron la vida y la integridad de los trabajadores, así como el entorno ambiental en el territorio nacional. Uno de estos hechos fue la incineración de dos camiones en Dagua, Valle del Cauca, así como la quema de más de 127 hectáreas de plantaciones forestales en ese municipio, en La Cumbre y en Vijes”, se lee en uno de los apartes de la nota de prensa.
A renglón seguido, el escrito continúa relatando que también se han presentado eventos de quema de maquinaria indispensable para el desarrollo de actividades agroindustriales, concretamente, aprovechamiento de la caña de azúcar en el municipio de Padilla, norte del Cauca, y la retención ilegal de dos trabajadores de una empresa de alimentos en la vía Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander.
Esta agremiación muestra especial preocupación por la incidencia de las acciones delincuenciales en contra de los empresarios que tienen asentamiento en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, entidades territoriales donde se han aportado a las funestas estadísticas el 50% de todas las victimas de masacres ocurridas en Colombia durante el último año.
“La seguridad como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico del país, así como para la preservación de la paz deben ser elementos centrales en la discusión nacional y en los planes de acción de las distintas entidades nacionales y territoriales. Reiteramos el llamado que en varias oportunidades hemos hecho al Gobierno Nacional para que implemente un plan integral de seguridad en todo el territorio nacional, que garantice efectivamente la seguridad, integridad y derechos de todos los colombianos”, puntualiza el comunicado.
