Gremios empresariales expresaron su preocupación por los anuncios del gobierno sobre un aumento significativo del salario mínimo y la aplicación del salario mínimo vital. El decreto sería expedido a finales de diciembre ante la falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores.
La discusión en torno al incremento del salario mínimo en Colombia volvió a encender las alarmas en el sector empresarial, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la posibilidad de un aumento de dos dígitos y la incorporación del concepto de salario mínimo vital en el próximo decreto salarial.
El anuncio se produce en un contexto de falta de concertación entre las partes. Mientras las centrales obreras plantearon un aumento del 16 %, los gremios empresariales defendieron una subida del 7,21 %, sin que se lograra un consenso en la mesa tripartita. Ante este escenario, el gobierno tomará la decisión por decreto, una medida que impactará a millones de trabajadores y a la sostenibilidad de las empresas.
Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), su presidenta, María Elena Ospina, expresó una fuerte preocupación frente a un incremento elevado del salario mínimo y la eventual declaratoria de emergencia económica. Según el gremio, estas decisiones serían inoportunas y podrían generar efectos adversos sobre el aparato productivo y la estabilidad económica del país.
Acopi advirtió que un aumento considerable, en el actual entorno económico, pondría en riesgo el empleo formal y la viabilidad de miles de empresas, especialmente de las mipymes. Asimismo, reiteró su rechazo tanto al decreto de emergencia económica como a la implementación del salario mínimo vital, al considerar que no responden a la realidad económica del país.
El gremio insistió en que la fijación del salario mínimo, actualmente en $1.423.500, debe realizarse a través del diálogo social y con base en variables técnicas como la inflación, la productividad y la preservación del empleo. “Hacemos un llamado al diálogo responsable y a la adopción de decisiones que garanticen la estabilidad económica y la sostenibilidad empresarial”, señaló Acopi.
Las advertencias también fueron respaldadas por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Su presidente, Bruce Mac Master, aseguró que, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo por encima de la inflación, el costo de vida de los colombianos aumenta entre 0,20 % y 0,26 %. En ese sentido, pidió prudencia y un análisis riguroso para evitar efectos negativos en la economía y en los hogares.
Pese a las posiciones encontradas, el gobierno confirmó que el decreto con el nuevo salario mínimo será expedido entre el 29 y el 30 de diciembre. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que por primera vez se incluirá el concepto de salario mínimo vital y móvil, contemplado en el artículo 53 de la Constitución y respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El funcionario indicó que la metodología de cálculo se basará en criterios técnicos como la inflación causada y esperada, la productividad, el crecimiento económico, el desempleo y la contribución del trabajo al producto interno bruto, bajo el enfoque tripartito que promueve la OIT.
Según este organismo internacional, el salario mínimo vital va más allá del salario legal, al buscar garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias, incluyendo alimentación adecuada, vivienda, servicios, salud, educación y un margen para el ahorro. No obstante, diversos análisis advierten que este umbral suele situarse por encima del salario mínimo legal, lo que mantiene abierto el debate sobre su viabilidad en el contexto económico colombiano.
