Entre enero y mayo de 2025, el país registró aumentos significativos en enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos y ataques a la misión médica, con consecuencias devastadoras para la población civil. El CICR advierte que, si esta tendencia persiste, 2025 podría cerrar como el año más crítico de la última década.
A través de sus canales de información, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), emitió un informe sobre la difícil situación en la que se encuentran muchas zonas del país por cuenta de la intensificación de los choques entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública y que marcaron el inicio de un año alarmante en términos de impacto civil.
Desde la perspectiva de la organización multilateral, “el incremento de los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública, junto con el uso intensivo de artefactos explosivos, ha impactado en la población civil, generando una crisis sin precedentes en la seguridad y salud”.
Yendo más en detalle, el CICR precisó que entre enero y mayo, se reportaron 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, un aumento del 145 % respecto al mismo periodo de 2024: el 70 % de las víctimas fueron civiles, incluidos 56 menores.
Cauca concentró el 55 % de los casos; por su parte, el departamento del Huila, sin registros el año anterior, se convirtió en el tercer departamento más afectado. “La utilización de medios de lanzamiento improvisados, drones armados y artefactos de detonación controlada se ha convertido en uno de los factores más preocupantes de esta emergencia silenciosa”, se lee en el extenso informe publicado en la página web del CICR.
Confinamientos prolongados y desplazamientos invisibilizados
Otros de los hechos reportados por la Cruz Roja, son los confinamientos forzados, que en los meses reportados afectaron a más de 85.000 personas en 13 departamentos, lo que, según la entidad, representa un 169 % más que en 2024.
El departamento más afectado por este fenómeno fue Norte de Santander, ente territorial que, sin antecedentes recientes, encabezó la lista con 30.213 personas confinadas, le siguieron Chocó, Guaviare y Amazonas, donde el fenómeno resurgió con fuerza.
En cuanto al desplazamiento forzado, se registraron 58.160 personas desplazadas en diez departamentos —117 % más que en 2024—, junto a 87.461 víctimas de desplazamiento individual, un fenómeno menos visible pero igual de grave.
“Muchas de estas personas abandonaron sus hogares en silencio, sin que el Estado o la sociedad logren dimensionar las consecuencias de este tipo de desarraigo”, se lee en el análisis del CICR sobre los impactos sociales del desplazamiento.
Salud, acceso humanitario y crisis penitenciaria
El CICR también hizo una revisión de la situación del personal médico, el cual también ha sido blanco del conflicto, en ese sentido, señala el documento, la Misión Médica reportó 101 ataques en el primer semestre del año, 38 % más que en 2024. Las agresiones incluyeron amenazas, imposiciones indebidas y bloqueos a la atención de heridos.
“La asistencia médica fue objeto de amenazas, restricciones y presiones para atender en condiciones inapropiadas, lo que vulneró la neutralidad del personal sanitario y expuso a comunidades enteras a mayores riesgos”, advirtió el CICR.
Finalmente, denunció que el hacinamiento carcelario cerró el semestre en 28 % en centros penitenciarios y en 122 % en unidades de detención transitoria, situación que compromete derechos básicos como salud, alimentación y dignidad.
