Una crisis humanitaria como la provocada en el Catatumbo, donde fueron desplazadas más de 40.000 personas y murieron otras 100, deja al descubierto el poderío económico y militar de una organización al margen de la ley que buscaba llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de turno.
El más reciente informe de seguridad liberado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), parece confirmar las opiniones que respecto a este asunto ha venido expresando José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos.
Lafaurie, quien también fue designado negociador en el fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha denunciado en entrevistas y columnas de opinión, que los grupos armados ilegales que operan en el país tienen una sola fuente de financiación, la cual ha aumentado exponencialmente por cuenta de las bajas cifras de erradicación manual de los cultivos ilícitos.
“No hay duda de la relación causal del narcotráfico con la inseguridad que azota al país. Todos los grandes actores violentos, tanto las guerrillas comunistas que se pretenden “libertadoras” de los pobres, como los que se justificaron en la “autodefensa” frente a las anteriores; […] todos sin excepción, financian su violencia con el narcotráfico y con sus rentas ilícitas subsidiarias: minería ilegal, extorsión, abigeato, etc., además de la violencia implícita de la corrupción”, escribió el dirigente gremial el año pasado.
Otro de los temas que abordó el líder ganadero en sus escritos, es el ya demostrado aumento del territorio de operaciones de los grupos armados ilegales, los cuales, según estadísticas de varias organizaciones nacionales e internacionales que monitorean el conflicto armado interno, hacen presencia en más de 450 municipios del país.
Los datos revelados recientemente por la FND validan las preocupaciones y denuncias hechas por Lafaurie en sus columnas de opinión e intervención en varios medios de comunicación.
Actualmente se mantienen activos más de 12 frentes de combate entre organizaciones al margen de la ley. La FND asegura que se presentan enfrentamientos en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, Vichada-Guainía, Guaviare-Meta, Pacífico chocoano, norte del Cauca, Nariño, Putumayo-Caquetá, La Guajira y Valle del Cauca.
Asimismo, el informe precisa que “se evidencia un crecimiento sostenido del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales, que se están valiendo del reclutamiento de menores para expandir su área de influencia y fortalecer su pie de fuerza para enfrentar violentamente a otras organizaciones”.
Durante la escalada violenta en el Catatumbo donde fueron desplazadas cerca de 40.000 personas, confinadas más de 120.000 y asesinadas otras 100, quedó en evidencia una realidad de a puños que el presidente Petro parece no querer aceptar por temas ideológicos.
“El ELN es la última guerrilla comunista, con presencia histórica en el Catatumbo y 50 años de negociaciones fallidas. Hoy es un grupo narcoterrorista binacional, que funge en Venezuela como grupo paramilitar aliado del régimen, aunque el régimen lo niegue, y en Colombia como grupo armado ilegal, aunque insista en su condición subversiva”, escribió Lafaurie en su más reciente columna de opinión.
Finalmente, aunque el gobierno a través de su comisionado de Paz insinúe la posibilidad de reactivar las negociaciones, no hay en el país quien secunde a Petro en esa idea políticamente costosa y sin posibilidad alguna de éxito.
