Por Rafael Nieto Loaiza
Este es un gobierno de escándalos. No pasa semana en que no estalle uno, graves todos. Y los protagonistas son siempre del círculo íntimo de Petro, sus parientes, sus más cercanos en la política, sus funcionarios. El de esta que empieza será el de las declaraciones del general Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa, que salpica a Verónica Alcocer en actos de corrupción y que denuncia una actuación sistemática del Ministro y del Gobierno en general para «acabar a las Fuerzas Armadas”. Habrá que ahondar en eso.
Pero sería un grave error no profundizar en el de la semana que termina, protagonizado por Juan Fernando Petro en entrevista con la Nena Arrázola. Si lo que acaparó la atención fue la mentira de que él y su hermano tienen el síndrome de Asperger, lo sustantivo fue la confesión de que el Pacto de la Picota es una realidad.
La información inicial la dio Ricardo Calderón. En abril del 22, el hermano del entonces candidato y Danilo Rueda visitaron a parapolíticos y corruptos en La Picota. “Los internos aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos” y sobre el “perdón social” que ofrecía Gustavo Petro. Unos días después se supo que Piedad Córdoba había visitado en al menos cuatro ocasiones a los extraditables y les habría ofrecido que, de quedar Petro presidente, no serían extraditados. Más tarde se filtró un video de una reunión del equipo de dirección de la campaña petrista en la que Roy Barreras contaba a que hubo “visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”.
En otro país hubiera sido suficiente para que la candidatura de izquierda colapsarla y para iniciar procesos judiciales contra los responsables. Acá no pasó nada y Petro terminó en Casa de Nariño.
Las conversaciones en las cárceles del hermano, Córdoba y Rueda no fueron iniciativas individuales y lo que ofrecieron a los criminales no fue fruto de su inventiva. Coinciden de fondo con los planteamiento hechos por Gustavo Petro en campaña: condicionó la extradición, afirmó que «no se arrodillará a poderes extranjeros» y que no extraditaría sino después de que los narcos cuenten “la verdad”, atacó sin piedad la extradición de Otoniel, ofreció públicamente «perdón social» a los delincuentes y «una JEP para el narcotráfico [con] beneficios jurídicos» para los mafiosos,. En Ciénaga, por cierto después de que se supiera de las entrevistas en las cárceles, invitó a “los paracos [a] que vengan aquí porque tendrán una segunda oportunidad”.
También los hechos prueban que las acciones del gobierno han ido en la dirección de lo que se acordó en las cárceles. Para empezar, Petro nombró a Rueda como comisionado para la paz, de manera que garantiza que la política de paz esté en la vía de lo conversado en las cárceles y que se cumpla lo pactado. Después, las decisiones y propuestas del gobierno han ido sin excepción en esa dirección. Además de que han favorecido a los narcos (suspensión de todas las formas de erradicación, auspicio de asambleas de cocaleros, proyectos para legalizar los narcocultivos de menos de diez hectáreas, propuestas desde la DIAN y en el Congreso para legalizar la cocaína, no exigencia a los que firman acuerdos de cese del fuego que dejen de traficar, etc.), Petro abrió negociaciones con grupos estrictamente mafiosos, solicitó la suspensión de órdenes de captura y la libertad de un par de decenas de narcos, incluso algunos extraditables, y les ha ofrecido que se queden con parte de sus sangrientas fortunas.
Mientras tanto, a fines del 2022 empezó a circular información, con testimonios de algunos de los delincuentes involucrados, según la cual Juan Fernando Petro habría solicitado y recibido dinero de criminales a cambio de beneficios ofrecidos por el gobierno. En enero de este año, la Fiscalía abrió contra él noticia criminal de oficio. Hay rumores de que también se investiga a Rueda.
Lo cierto, es que la estrategia combinada de ofertas públicas de Petro y de conversaciones en las cárceles funcionó: no solo los jefes del Eln y las Farc declararon su apoyo a Petro, sino que hay certeza de que mafiosos puros como Siopas, heredero, de Otoniel, dieron la orden de votar por Petro en sus áreas de influencia. Se sabe que al menos un mafioso entregó dinero al primogénito presidencial para la campaña. Y que en los municipios de más narcocultivos y con mayor presencia de grupos armados ilegales, Petro ganó en primera y segunda vuelta.
Ahora Juan Fernando Petro confiesa que el triunfo de su hermano se debió al apoyo recibido desde las cárceles a cambio de no extraditar a los bandidos, incluirlos entre los beneficiarios de los programas de paz del gobierno, y permitirles quedarse con parte de la fortuna. Exactamente lo que su hermano ha propuesto estando ya en el gobierno. Aunque algunas iniciativas no haya podido sacarlas adelante, por oposición del Fiscal y o porque el Congreso no las ha apoyado, Petro les ha cumplido. La discusión de cuántos votos aportaron desde las cárceles es anodina. Los hechos y la confesión muestran que el Pacto fue una realidad. Una elección ilegitima y un gobierno que favorece a los criminales que lo eligieron.
