Las Autoridades desmantelaron una red que operaba en áreas protegidas mediante la emisión fraudulenta de permisos forestales a través de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA). Uno de los imputados aceptó los cargos.
Este martes (1 de abril de 2025) la Fiscalía General de la Nación dio a conocer una noticia criminal de no creer: desmanteló una bien estructurada red dedicada a la deforestación ilegal en el departamento de Guaviare, la cual tenía como actores fundamentales a funcionarios de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA).
Entre los implicados se encuentra Luis Orlando Castro Acosta, quien durante un tiempo fungió como director de la entidad. Se le acusa de haberse valido de su cargo para facilitar la tala ilegal en áreas protegidas.
De acuerdo con la investigación y los elementos que justifican su captura, se tiene que Castro Acosta, ingeniero agrónomo con especialización en Derecho del Medio Ambiente, emitió al menos nueve salvoconductos de movilización que no cumplían con la normativa vigente.
Precisa la Fiscalía en su detallado expediente, que los documentos expedidos por el exfuncionario de la CDA, permitieron que la extracción se excediera en más de 108,3 metros cúbicos por encima de los límites legales establecidos.
A renglón seguido, el ente acusador señala que los permisos irregulares también dieron vía libre a la explotación de especies valiosas como el cedro achapo, el dormidero negro, el dormidero blanco y el botagajo en zonas de gran importancia ecológica.
Uno aceptó cargos
Junto con Luis Orlando Castro, también están siendo procesados Carlos Andrés Quintero Sánchez, funcionario activo de la entidad; Jhonathan Ortiz Villamil y Juan Andrés Sánchez, personajes a quienes la Fiscalía señala de ser los beneficiarios directos de estos permisos irregulares de aprovechamientos forestales.
Finalmente, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, confirmó que el último avance de este caso fue la imputación a Castro Acosta y Quintero Sánchez por los delitos de financiación a la deforestación y abuso de la función pública; mientras que a Jhonathan Ortiz Villamil y Juan Andrés Sánchez se les acusa de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El primero de estos ya aceptó los cargos buscando beneficios punitivos.
