Un documento liberado recientemente por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace un análisis crítico de la nueva ley de presupuesto y advierte sobre las consecuencias negativas que a futuro tendría en el bolsillo de los colombianos.
Hace poco menos de un mes que el gobierno dio a conocer el Presupuesto General de la Nación (PGN) y son muchas las voces que hasta ahora han manifestado su desconcierto por la forma como se pretenden invertir los recursos y las metodologías propuestas para lograr su financiación.
Como se sabe, para la próxima vigencia el PGN será el más alto de los últimos 10 años, estimado en $523 billones, lo que supone un aumento de casi 4% si se compara con el año anterior, contrastando negativamente con las pobres cifras de crecimiento económico del mismo periodo.
“Este incremento significativo plantea importantes retos para la economía colombiana, especialmente en un contexto macroeconómico desfavorable de alta inflación, bajo crecimiento y alto desempleo, lo que contrasta con la caída en indicadores económicos como gasto de consumo de los hogares, inversión bruta de capital fijo, comercio minorista, producción industrial y construcción”, sostienen desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), organización que emitió un documento donde emite su opinión al respecto.
El análisis del ICP gira alrededor de tres premisas fundamentales y que son en definitiva un duro golpe al discurso que ha venido manejando el presidente Gustavo Petro en torno a los mecanismos más viables para reactivar económicamente al país luego de la pandemia provocada por la Covid19.
La primera de estas es que “un mayor PGN no genera crecimiento económico ni reactivación”, sobre este asunto, sostienen básicamente que las fórmulas Keynesianas tan alabadas por el presidente han sido falseadas por varios tratadistas.
Concretamente, aseguran que “la expansión del gasto público distorsiona las señales del mercado, aumenta los impuestos y reduce el ahorro o excedentes privados para inversión, redistribuye esos ingresos hacía otros sectores que no necesariamente generan valor económico o social para garantizar una reactivación y sobrevalora sus precios con el fin de reactivarlos pero a mediano plazo los convierte en insostenibles para el consumidor y el inversionista acelerando su recesión”.
A renglón seguido precisan que los resultados de la dependencia del gasto público para la dinamización de la economía como han sido contraproducentes; para el caso colombiano, la experiencia ‘keynesiana’ ha sido catastrófica y prevén que se repitan los mismos problemas del pasado.
“Se ha demostrado que el mayor PGN del presidente Gustavo Petro no ha logrado reactivar la economía, ni el consumo de los hogares, la inversión, el comercio minorista, la producción industrial, ni la vivienda. Incluso la expansión fiscal en anteriores gobiernos ha generado efectos fugaces en el crecimiento que pronto impulsan dificultades para la reactivación sostenida de los sectores económicos”, se lee en uno de los apartes del documento publicado en la página web del ICP.
Los analistas del centro de estudio formulan como segunda hipótesis la idea de que “un mayor PGN provocaría inflación”. Sobre esto, son enfáticos en que la destinación del 60% del total del PGN para gastos de funcionamiento, aumentará de manera decidida la inversión de los trabajadores en bienes y servicios que generan valor agregado, pero exclusivamente al consumo.
“Por este motivo que podrán ejercer presiones inflacionarias futuras: se incrementa la cantidad de dinero circulante promoviendo la demanda sin que existan bienes y servicios para contrabalancear desde la oferta”, explica el texto.
Sostienen desde el ICP que los gastos de funcionamiento son el rubro más ineficaz de la inversión pública, además, que Colombia es según varios estudios un país con falencias administrativas en este sentido, pues, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demostró que “pierde cerca del 4,8% de su PIB como consecuencia de la ineficiencia técnica del gobierno en filtración de transferencias, compras públicas y remuneración a empleados”.
Advierten como tercera medida que “un mayor PGN generaría carga fiscal y deuda”. Una prueba de esta afirmación, son los números negativos en recaudo fiscal, situación que, a su vez, dificulta y limita el flujo de caja del gobierno.
Los evidentes problemas de financiación de planes, programas y proyectos del gobierno, asuntos que tienen en jaque el cumplimiento de las metas proyectadas, son consecuencia del impacto negativo de la pasada reforma tributaria, que, como se advirtió en su momento, mermó la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y puso contra las cuerdas al sector empresarial en todos sus niveles.
“Pese a las consecuencias adversas, el Gobierno insiste en presentar una propuesta de PGN para 2025 mayor, desfinanciado en 12 billones de pesos. El PGN demanda 523 billones de pesos, pero según el Proyecto de Ley las rentas del presupuesto general de la nación (ingresos y recursos de capital) equivalen a 511 billones de pesos. Estos 12 billones son los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendería recaudar con la segunda reforma tributaria de su Gobierno”, asegura el documento.
Finalmente, comentan que aumentar los niveles de deuda pública provocaría desconfianza entre los inversionistas y la banca multilateral, pues, ponen en duda la capacidad del país para cumplir con las obligaciones dinerarias adquiridas.
“La reducción del gasto gubernamental permitiría aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes, haciendo innecesarias las reformas tributarias frecuentes. Esto liberaría recursos para fomentar la actividad empresarial y atraer inversión privada nacional y extranjera, ésta última disminuyó 10,55% en el segundo semestre de 2024 teniendo la mayor caída desde 2018. Junto con un entorno propicio para la inversión y la seguridad jurídica, estas medidas facilitarían el retorno al crecimiento económico sostenido”, puntualiza el análisis del ICP.
