Un informe de InSight Crime advierte que la fragmentación de los grupos armados, la disputa por economías ilegales y los ceses al fuego bilaterales han coincidido con un aumento de la capacidad militar y del control territorial de actores ilegales en varias regiones del país.
La política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus balances más complejos desde su implementación. Según el informe GameChangers 2025 de InSight Crime, el año cerró con niveles de violencia no vistos en años recientes, asociados a disputas entre grupos criminales fortalecidos militar y territorialmente en zonas estratégicas para economías ilegales.
El documento identifica como punto de inflexión el rompimiento del pacto de no agresión entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), disidencia del antiguo Estado Mayor Central de las FARC. En la región del Catatumbo, Defensoría del Pueblo registró entre enero y abril de 2025 más de 64.700 personas desplazadas, 12.900 confinadas y 117 homicidios, en un territorio clave para el narcotráfico y la frontera con Venezuela.
De acuerdo con el informe, este patrón se replicó en al menos otros diez focos de violencia en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Arauca, donde los grupos armados priorizan el control de corredores y rentas ilegales antes que la confrontación directa con el Estado. “Lo que hay ahora es una serie de grupos armados muy conectados con la criminalidad organizada, si no es que están prestándoles servicios”, explicó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.
El fortalecimiento de estas estructuras también es cuantificable. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los grupos armados aumentaron en 15 % su número de combatientes, según el informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM) de las fuerzas de seguridad. A ello se suma la diversificación de rentas ilegales, que ya no se limitan al narcotráfico, sino que incluyen minería ilegal, extorsión, contrabando y tráfico de migrantes.
Para analistas consultados por InSight Crime, la Paz Total ha influido en este escenario, aunque no es su única causa. Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió que “son organizaciones cada vez menos jerárquicas, con menor capacidad de mando y control y mayor autonomía territorial”, una fragmentación que dificulta tanto la negociación como la respuesta estatal.
Finalmente, el informe concluye que la combinación entre criminalidad fortalecida, menor respaldo internacional y un calendario electoral en 2026 abre un escenario de alta incertidumbre para la seguridad del país. En ese contexto, la Paz Total enfrenta el reto de demostrar si puede contener estas dinámicas o si, por el contrario, seguirá operando dentro de un laberinto sin salida.
