El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, advirtió que, 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia, aún persisten vacíos en la verdad y en las investigaciones. Hizo un llamado a las nuevas generaciones a no normalizar la violencia contra la justicia.
En el marco de la jornada académica “Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos”, realizada en la Universidad Externado de Colombia con motivo de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo un enérgico llamado a no olvidar los hechos que marcaron la historia judicial del país.
El magistrado recordó que la toma y posterior retoma del Palacio, ocurrida en noviembre de 1985, constituye “uno de los hechos más graves y determinantes en la historia judicial de Colombia”.
En su intervención, Ibáñez afirmó que “la toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista”, citando además las sentencias del Consejo de Estado que calificaron los hechos de esa manera.
“El ataque perpetrado contra la Corte Suprema de Justicia no solo afectó al tribunal de casación, sino también al tribunal constitucional de la época”, señaló. A su juicio, el episodio “es una herida fundacional que redefine cómo entendemos el Estado de Derecho, la autoridad pública y la fragilidad de nuestra democracia bajo presión”.
Ibáñez lamentó que, pese a los años transcurridos, subsistan múltiples interrogantes sin resolver.
“Jamás se adelantó ni culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas contra la Corte y el Consejo de Estado, ni por la posible autoría intelectual o financiación de la toma del Palacio”, advirtió.
También cuestionó la suspensión del plan de seguridad que protegía el edificio desde octubre de 1985 y que, según relató, fue inexplicablemente levantado el 4 de noviembre, dejando las instalaciones desprotegidas dos días antes del ataque.
El magistrado recordó, además, que no se ha logrado la plena identificación de todas las víctimas y que varios cuerpos fueron entregados sin certeza sobre su identidad. En ese sentido, subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de derechos humanos en los hechos de esos días.
Para el presidente de la Corte, la verdad sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas. “La verdad, como derecho, es un bien colectivo. Es el espacio en el que las víctimas dejan de ser invisibles”, sostuvo.
En su mensaje final, Ibáñez invitó a convertir esta conmemoración en una advertencia para el presente.
“Las generaciones más jóvenes que no vivieron 1985 tienen derecho a una democracia donde la violencia nunca vuelva a ser un método de disputa. No podemos dejarles un país que considere normal la agresión contra la justicia. Un país sin memoria siempre vuelve al punto donde dejó de decir la verdad”.
