El presidente Gustavo Petro enfrenta el difícil reto de recuperar la confianza ciudadana y mantener la gobernabilidad en un contexto adverso.
El gobierno de Gustavo Petro atraviesa una etapa crítica marcada por dos grandes desafíos que amenazan su estabilidad: los escándalos de corrupción dentro de su gabinete y el aumento de la violencia en el país, tanto por parte de grupos armados ilegales como por la delincuencia común en las ciudades.
La reciente renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno. Este escándalo se suma a las críticas recibidas por otros funcionarios de alto rango, generando una percepción de falta de transparencia en la administración.
Asimismo, el presidente Gustavo Petro y su gobierno recibieron un duro golpe a su imagen tras el reciente escándalo que involucra a Nicolás Alcocer Petro, su hijo adoptivo, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en presuntas irregularidades relacionadas con la Hidroeléctrica de Urrá. Este caso no solo pone en entredicho la lucha contra la corrupción que Petro ha pregonado como uno de los pilares de su administración, sino que, además, atiza las críticas de la oposición y la desconfianza ciudadana hacia su gestión. La cercanía de los implicados al presidente ha intensificado las acusaciones de que las prácticas cuestionables podrían estar permeando los niveles más altos del gobierno, dejando al jefe de Estado en una posición altamente comprometida frente a la opinión pública.
Analistas políticos han señalado que estos episodios afectan directamente la confianza en la capacidad del gobierno para liderar una agenda de cambio y reformas estructurales, uno de los pilares de la propuesta de Petro. Además, la oposición y diversos sectores sociales han exigido medidas más contundentes contra la corrupción, advirtiendo que los escándalos empañan cualquier avance en políticas públicas.
La violencia no da tregua
En paralelo, Colombia enfrenta una escalada de violencia tanto en zonas rurales como urbanas. Los ataques perpetrados por grupos armados ilegales, a pesar del discurso del gobierno por impulsar su política de «Paz Total», han incrementado el número de desplazamientos y víctimas civiles. Al mismo tiempo, la inseguridad en las ciudades sigue creciendo, con cifras alarmantes de robos, homicidios y extorsiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las críticas hacia Petro y su equipo de gobierno se centran en la aparente falta de control sobre estos fenómenos y la permisividad hacia la delincuencia. Aunque se han implementado estrategias como las negociaciones con grupos armados, los resultados hasta ahora han sido nulos.
