En un durísimo editorial, el periódico El espectador dejó sentada su posición institucional en contra del mecanismo propuesto por el presidente Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU y que impulsará, como ya lo dijo, el nuevo ministro del Interior.
El nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, despertó en algunos opinadores muchas sospechas, pues, el reconocido líder político ha participado en casi todos los gobiernos que le han antecedido al presidente Gustavo Petro, quien se eligió con un discurso agresivo en contra de la clase dirigente.
Un anuncio reciente en el marco del Consejo de Seguridad de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha provocado una polvareda en el país, ya que, se trata de revivir un mecanismo que permite al legislativo acortar los debates para la aprobación de reformas.
“Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo Petro en uno de los apartes de su discurso.
Esta idea no es novedosa, surgió como una medida desesperada del gobierno Santos, siendo Juan Fernando Cristo, justamente, ministro del Interior, para aprobar velozmente leyes relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y tuvo un lánguido final en la Corte Constitucional, sin que antes, se cuestionara duramente su utilización para otros fines.
Luego de que varias personalidades de la opinión y la cosa pública expresaran sendas críticas a esta propuesta y pusieran en duda su viabilidad constitucional y conveniencia política, el periódico El Espectador, se unió a los cuestionamientos en su editorial titulado El atajo no fortalece la implementación de la paz, publicado este martes 16 de julio.
Precisamente, el prestigioso diario arranca reconociendo la importancia de la palabra ‘empeñada’ en el Acuerdo de Paz con las Farc y las deudas que sigue teniendo el Estado en ese sentido, pero, disiente de las formas.
“Pareciera que la Casa de Nariño, ante su incapacidad legislativa, está empeñada en encontrar maneras de saltarse las normas establecidas. En cuanto al Acuerdo de Paz, compartimos el diagnóstico que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, pero nos distanciamos de la solución que plantea. Tanto él como su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo”, se lee en el editorial.
A renglón seguido, haciendo referencia al discurso de posesión de Cristo, le enrostra al ‘camaleónico’ político la misión que llegó a cumplir en esta segunda mitad del gobierno Petro.
“Parecen enfilar esfuerzos a conseguir un ‘fast track’ en el Congreso que permita, de manera rápida, con poca discusión y saltándose los requisitos procedimentales ordinarios, aprobar reformas que consideran necesarias para la implementación de lo pactado. Corren el riesgo que tuvo el ‘fast track’ durante la administración de Juan Manuel Santos, que le restó legitimidad al Acuerdo, abrió la puerta para la politiquería y terminó debilitando al mismo gobierno”, advierte el editorial.
Sobre lo contraproducente desde el punto de vista político, dado el ambiente de polarización que impera en el país, le critican a Cristo el ímpetu con el que ha salido a convocar unanimidad en torno a una iniciativa que de antemano sabe que va a fracasar.
“Él vio de primera mano cómo el aterrizaje de lo pactado, después de un fallido plebiscito y una refrendación forzada, abrió la puerta para desdibujar lo que buscaba conseguir un gobierno en sus últimos meses. En el proceso, aunque se logró incorporar el Acuerdo a la Constitución, se desgastó su legitimidad democrática, perdió apoyo en las personas y dejó el mal sabor de boca de que todo se hizo a las patadas, con afán”, explica uno de los apartes del durísimo artículo.
Finalmente, señala que más allá de la loable intención de sacar adelante lo pactado y cumplirle a los guerrilleros que confiaron en el Estado colombiano, siempre está latente la posibilidad de que se cometan excesos, como ya ocurrió.
“Entonces, sí, la implementación del Acuerdo está demorada, se necesitan los años adicionales que pide el Gobierno y una revalidación del consenso político en torno al cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, ¿por qué no puede hacerse eso con los mecanismos ordinarios? Ronda el tan invocado fantasma del ‘poder constituyente’, que para la administración actual no es más que la búsqueda de un mandato que le permita aprobar sus reformas sin tener que dialogar con las otras fuerzas políticas del Congreso”, puntualiza el editorial de El Espectador.
