Ocho de cada diez niños son reclutados en el departamento del Cauca por los grupos armados ilegales como las FARC y el ELN que, debido a la permisividad del gobierno nacional, se tomaron el control en la región.
Pese a la grave situación de violencia y orden público que atraviesa el departamento del Cauca, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, demuestra que no le preocupa ni tiene interés por tratar de resolverla ya que ha hecho caso omiso a las peticiones de urgencia que le ha hecho el Defensoría del Pueblo que, en varias oportunidades, ha solicitado que se convoque una sesión extraordinaria y presencial de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) con el objetivo de que sea abordada la grave situación de riesgo y amenaza a la que están expuestos los habitantes de esa región.
“A la fecha no he recibido respuesta por parte del Ministro del Interior, hijo de esa tierra, de manera de que el llamado que hacemos es por la poca respuesta por parte del gobierno nacional a nuestras alertas tempranas”, se quejó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca donde fueron advertidos enfrentamientos con interposición de la población civil, desplazamiento forzado, contaminación con minas antipersonal, reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a la población civil.
“Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en nuestras Alertas Tempranas y sus posteriores oficios de consumación”, aseguró Camargo Assis.
El funcionario denunció que al ministro del Interior ni siquiera le preocupa que la población infantil sea una de las más afectadas ya que ocho de cada diez niños son reclutados en el departamento del Cauca por los grupos armados ilegales como las FARC y el ELN que, debido a la permisividad del gobierno nacional, se tomaron el control de la zona.
“Están pagando las consecuencias, no es posible que sean los que en mayor medida estén expuestos al reclutamiento forzado, a actos terroristas, entre otros, lo cual cercena sus proyectos de vida”, manifestó el defensor del Pueblo.
