Ocho años después no ha empezado a funcionar, está desactualizado, parte de la infraestructura instalada se deteriora rápidamente por vandalismo, la humedad y el sol.
Pese al abandono de un proyecto para proveer de energía solar a Puerto Nariño y otros dos municipios del Amazonas, desde 2015 la gobernación de ese departamento viene ejecutándolo con el financiamiento de regalías por $30.000 millones.
En su momento el proyecto se presentó al OCAD Región Centro Sur como la solución a una necesidad urgente de esas comunidades, pero ocho años después no ha empezado a funcionar, está desactualizado, parte de la infraestructura instalada se deteriora rápidamente por vandalismo, la humedad y el sol, y es a todas luces innecesario ya que en Puerto Nariño existe, hace al menos 15 años, un sistema de distribución de energía eléctrica para abastecer a sus habitantes, tan robusto, que las casas cuentan con todos los electrodomésticos y hasta con servicios de televisión e internet satelital.
Irregularidades
La Procuraduría encontró, entre otras irregularidades, una planta eléctrica que cuesta más de $300 millones, quemada; decenas de baterías para almacenar la energía solar que nunca entraron en funcionamiento dañadas por la inactividad y el clima, al punto de que sería necesario solicitar una adición presupuestal para actualizarlas.
“Esos sistemas fotovoltaicos ya no tienen razón de ser. Los sistemas de ahora deben hacerse con energía eólica. Según el criterio técnico, un sistema fotovoltaico tiene el 19 % de calidad frente a los sistemas tradicionales de energía”, se asegura en el informe de visita presentado al despacho de la Procuradora General.
En la revisión documental y de procedimientos durante el proceso contractual, la Procuraduría encontró que nunca se definieron los predios donde se construiría la infraestructura, lo que implicó la actualización de los estudios y diseños, generándose retrasos significativos.
En estado crítico
El equipo de la Procuraduría concluyó que el proyecto, cuyo avance físico está en 68,74 % y el financiero en 81,26 %, se encuentra en estado crítico por razones jurídicas, técnicas y relacionadas con la sostenibilidad.
Con la información recaudada, el procurador delgado para Seguimiento a Regalías, John Harvey Pinzón, presentó un documento al despacho de la procuradora general para que se evalúe la apertura de acciones preventivas o disciplinarias a que haya lugar para resolver esta situación.
