La senadora María Fernanda Cabal lanzó una dura crítica al proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, que avanza en el Congreso y busca crear una nueva especialidad judicial para resolver conflictos sobre tierras. En su intervención, calificó el artículo 5 como una amenaza para la propiedad rural y la economía, acusando al gobierno de promover un modelo ideologizado que, según ella, abre la puerta al activismo judicial y a riesgos interpretativos que podrían desestabilizar el sector agrario y la seguridad jurídica en el campo colombiano.
Después de una semana de discusiones, las Comisiones Primera de Cámara y Senado aprobaron la Ley de Jurisdicción Agraria, un proyecto que busca establecer una nueva especialidad judicial en Colombia para abordar conflictos relacionados con la tierra. Ahora, el proyecto solo requiere dos debates más en las plenarias de ambas cámaras para convertirse en ley.
Sin embargo, el avance de esta iniciativa generó críticas, especialmente desde sectores de oposición, que advierten sobre los riesgos que podría implicar para la propiedad privada y la economía rural.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, fue una de las voces más críticas durante el debate, enfocándose en el artículo 5 del proyecto, que define los principios de la jurisdicción agraria.
La líder opositora calificó el contenido de dicho artículo como «venenoso» y argumentó que su redacción podría tener implicaciones graves para el derecho a la propiedad y la actividad económica en el campo.
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El polémico artículo 5
En su intervención, la senadora señaló que el artículo 5 establece principios que, en su opinión, son activistas y podrían alejarse de una administración de justicia imparcial.
“En el artículo quinto hay mucho veneno; este tiene que ser revisado con los riesgos que esto supone para la propiedad y la actividad económica en el cambio. Le dicen al juez cómo fallar escudándose en principios activistas alejados de la administración de justicia”, afirmó Cabal.
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La legisladora expresó su preocupación sobre cómo los principios de interés público, función social y función ecológica de la propiedad podrían abrir la puerta a interpretaciones amplias que afecten la formalidad del derecho.
Según la dirigente política, el concepto de “interés público” podría permitir que actores no directamente involucrados, como ONG, tengan injerencia en procesos agrarios.
Riesgos para la propiedad privada y la economía rural
Cabal también advirtió sobre los posibles efectos de la ley en la productividad económica. Señaló que la introducción de conceptos amplios como la justicia agraria y la función ecológica podría dificultar aún más las actividades productivas en el campo, ya limitadas por restricciones ambientales y normativas existentes.
“Esto significa que esa función [social y ecológica] es tan amplia, que el día que yo vaya a tener que talar unos árboles o construir un aljibe, algo que modifique mi entorno para un negocio agrícola, será prácticamente imposible. Esto no pone en riesgo cualquier productividad económica; ya la elimina”, declaró.
Además, cuestionó el énfasis del gobierno en promover una ley que, según ella, busca satisfacer una narrativa política más que solucionar problemas estructurales del campo.
“Me preocupa que la velocidad y el afán del gobierno por salir a decir ‘lo logramos, vamos a traer paz al campo’, termine en un problema enorme que afecte la propiedad rural”, dijo.
Críticas al enfoque del gobierno
La senadora Cabal también criticó lo que considera una instrumentalización de la justicia para promover intereses ideológicos.
En su intervención, señaló que las reformas legales en Colombia a menudo han buscado fortalecer el activismo judicial y permitir la influencia de actores políticos en la designación de jueces. Comparó esta situación con casos previos en la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Si ustedes van a hacer activismo, como lo hacen siempre que transforman las leyes, para poner jueces a su medida, olvídense de que aquí va a haber paz rural”, enfatizó.
Otro punto de controversia abordado por Cabal fue el enfoque del proyecto en criterios de género y poblaciones específicas para la asignación de beneficios relacionados con la tierra.
La senadora argumentó que estos enfoques podrían excluir a sectores vulnerables que no cumplen con las características establecidas en la ley.
“No puedo entender cómo en la ruralidad, si uno está casado y es pobre, queda excluido de los beneficios del Estado porque no es mujer cabeza de familia, víctima del conflicto armado o LGTBI. Esto no es inclusión, es discriminación”, sostuvo Cabal.
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En su conclusión, la senadora hizo un llamado al gobierno y a los legisladores para revisar detalladamente el contenido del artículo 5 y otros aspectos del proyecto de ley.
Advirtió que la falta de límites claros en los principios podría generar un “boquete de interpretación” que afectaría tanto la seguridad jurídica como el desarrollo económico del país.
“Es grato poder trabajar con democracia y con entendimiento, pero aquí en el artículo quinto hay mucho veneno que hay que revisar. De lo contrario, las competencias serán infinitas y la incertidumbre jurídica enorme”, concluyó.
