Según la institución, las tropas fueron rodeadas por una asonada de aproximadamente 600 personas en la vereda Nueva York, bajo presión de alias ‘Jimmy Parra’, cabecilla de la estructura 44. El hecho ocurrió tras la neutralización de alias ‘Dumar’ o ‘Chito’. El Ejército calificó lo sucedido como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario.
La denuncia del Ejército Nacional sobre el secuestro de 34 soldados en el municipio de El Retorno (Guaviare) volvió a poner en evidencia un patrón que se repite en distintas zonas del país: la utilización de la población civil como escudo para obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados fueron rodeados en la vereda Nueva York por una multitud de cerca de 600 personas, movilizadas bajo la presión de alias ‘Jimmy Parra’, señalado como cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las FARC. El episodio se produjo luego de una operación militar en la que fue neutralizado alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, considerado uno de los jefes de ese grupo armado.
Aunque el comunicado militar destaca la gravedad del hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario, la situación no es aislada. En departamentos como Caquetá, Arauca, Cauca y Norte de Santander se han documentado episodios similares, en los que comunidades son forzadas a enfrentar a las tropas para frenar capturas, evitar incautaciones o presionar liberaciones de integrantes de estructuras ilegales.
Analistas de seguridad que han opinado al respecto, coinciden en que estas dinámicas responden a una estrategia de control territorial de los grupos armados, que buscan debilitar la legitimidad del Estado y reforzar su capacidad de coerción sobre la población.
Igualmente, advierten que Ll instrumentalización de comunidades rurales, muchas veces mediante amenazas o extorsiones, no solo expone a civiles indefensos, sino que deteriora aún más la confianza en las instituciones.
El Ejército calificó lo ocurrido en El Retorno como una “agresión inminente contra la vida e integridad de la tropa”. Este fenómeno ha encendido alertas en gremios económicos y organizaciones de derechos humanos: mientras unos reclaman mayor presencia estatal integral en los territorios, otros advierten que la respuesta no puede limitarse a operaciones militares, sino que debe incluir medidas de protección a las comunidades y fortalecimiento de la justicia.
Hasta el cierre de esta edición, no había confirmación sobre la liberación de los uniformados, aunque el Ejército informó que mantiene presencia en el área para garantizar la seguridad regional.
