De acuerdo con la procuradora, a los funcionarios de la institución no se les permitió entregar información, y tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberían haber dado. El órgano de control remitirá las denuncias respectivas.
La liberación de dos voceros de paz -integrantes de la llamada Primera Línea- habría sido de manera irregular. Así lo denunció en las últimas horas la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en carta que envió al Consejo Superior de la Judicatura.
En un oficio enviado ayer al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo, la alta funcionaria se quejó por la actuación y presunta falla que cometió la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá que firmó los boletos de libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.
Además del documento, la procuradora general explicó en un vídeo que «en la orden de libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada encontramos nosotros que quien la firmó es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio, consideramos, que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones si tenía o no competencia para hacerlo».
Cabello Blanco manifestó en la queja ante el Consejo Superior de la Judicatura que en el Centro de Servicios de Paloquemao «a nuestros funcionarios no se les permitió entregar información, y tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado».
Por otra parte, Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado con funciones mixtas 5 para el Ministerio Público en Asuntos Penales (E), afirmó que son dos los hechos que se cuestionan en las liberaciones. Uno de ellos que es los días 22 y 23 de diciembre, la trabajadora de la Rama Judicial se habría otorgado facultades que no le correspondían al dar vía libre a la liberación de los dos jóvenes y omitir el reparto ordinario que compete a estos asuntos.
Esta queja del procurador delegado se conoce después de que, el 22 de diciembre, el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá publicara en su cuenta oficial de Twitter que no fue el despacho que otorgó la libertad de Santiago Márquez, pese a que esa oficina fue la que tuvo a cargo, en su momento, el proceso penal que se abrió contra él por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, caso que va en etapa de juicio.
La otra irregularidad fue que «la citada funcionaria judicial tampoco convocó al Ministerio Público a dicho trámite, pero, lo que aún es peor, le negó cualquier tipo de información al respecto, lo cual le impidió ejercer su papel oportunamente».
La Procuraduría General de la Nación remitirá en las próximas horas las denuncias respectivas, en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”.