Con facturación electrónica como soporte probatorio, el expediente obliga a revisar procedimientos universitarios, controles estatales y eventuales omisiones institucionales. En paralelo, el retiro silencioso de la exfuncionaria del escenario público refuerza la presión para que las autoridades determinen si hubo irregularidades sancionables.
Del poder al aislamiento público, el tránsito fue abrupto. Juliana Guerrero, quien había ganado visibilidad dentro del Ejecutivo, quedó fuera del Gobierno después de que salieran a la luz documentos tributarios nuevos que comprometen la regularidad de sus títulos académicos. Esta vez, el debate no gira alrededor de versiones contrapuestas, sino de registros oficiales con fecha cierta.
La evidencia fue presentada por la congresista Jennifer Pedraza mediante facturas electrónicas reportadas a la DIAN. A partir de esos soportes, resulta posible reconstruir una secuencia incompatible con un trámite ordinario de grado en la Fundación de Educación Superior San José. En palabras de la congresista, “tenemos la prueba reina de cómo la San José le vendió el título a Juliana Guerrero”.
En el centro del caso aparece una cronología difícil de explicar. Mientras la institución habría certificado una graduación el 1 de julio de 2025, los comprobantes reflejan cobros posteriores. El 28 de julio se facturó $1.000.000 por derechos de grado en Contaduría Pública. Al día siguiente, el 29 de julio, se registraron $2.200.264 por matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y $4.776.300 por matrícula en Contaduría Pública. Todos los pagos ingresaron a cuentas oficiales y quedaron respaldados por facturación electrónica válida.
Con ese soporte, Pedraza fue categórica: “Guerrero y la San José creyeron que podían lavar los títulos”. El señalamiento descansa en fechas, conceptos y montos que, en cualquier procedimiento regular, deben anteceder al grado. En este caso, ocurrió lo contrario.
A ese punto se suma un antecedente clave: “el año pasado revelamos que Juliana Guerrero no había presentado las pruebas Saber, obligatorias para obtener su título; intuíamos que había algo más grave detrás”. Ese vacío académico cambia de dimensión frente a los nuevos documentos. Con facturación electrónica posterior al supuesto grado, el escenario deja de ser un simple desorden administrativo y empieza a perfilarse como una regularización ex post con rastro fiscal. “No estamos hablando de un error, sino de una trampa pagada de forma irregular”, insistió la congresista al integrar ambos planos.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Guerrero terminó desvinculada del Ejecutivo y perdió los respaldos que había recibido. Desde entonces, su presencia pública se redujo a cero. A ese retiro se añade un elemento adicional: según la denuncia, no ha comparecido a citaciones judiciales destinadas a ampliar versiones dentro de un proceso iniciado por ella misma, una omisión que hoy pesa en la valoración del expediente.
En términos jurídicos, el caso entró en una fase distinta. No se discuten indicios reiterados, sino documentos nuevos, con validación tributaria, suficientes para activar acciones que pueden derivar en condenas. Los registros permiten evaluar conductas como falsedad ideológica en documento privado, uso de documento falso, fraude procesal e irregularidades administrativas graves, tanto en cabeza de particulares como de eventuales responsables institucionales.
Finalmente, como sostiene la denunciante, la facturación electrónica elimina márgenes de ambigüedad. Pagos, conceptos y fechas constan en sistemas oficiales del Estado. Así, el expediente ya no pertenece al terreno del escándalo, sino que se desplazó de manera definitiva al ámbito penal.
