A pesar de la instalación de mesas exploratorias de paz, ese grupo narco terrorista sigue atentando contra la Fuerza Pública y la población civil, que queda en medio del fuego cruzado o muere por cuenta de los muchos artefactos explosivos que han detonado en esa región.
La Paz Total, uno de los proyectos más importantes del programa de gobierno del presidente, Gustavo Petro, dada la realidad de muchas zonas del país, es hasta hoy, solo un discurso sin contenido ni repercusiones positivas en la sociedad. Incluso, algunos analistas bastante críticos, sostienen que ha venido funcionando como un ‘tanque de oxígeno’ para varias organizaciones armadas al margen de la ley.
Tanto así, que desde el 1 de enero del presente año, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño se han convertido en el epicentro de innumerables atentados terroristas en contra de la Fuerza Pública y la población civil, dejando en evidencia el fin último de las ‘mesas exploratorias’ de paz.
Presionan al Gobierno Nacional con terrorismo
Los varios atentados e incursiones armadas han cobrado la vida y han heridos a un número importante de colombianos, infundiendo nuevamente el terror y reviviendo las épocas más difíciles del país, inmerso desde hace más de medio siglo en una oleada de violencia con picos y descensos, pero con muchos fallecidos.
La difícil situación de seguridad que se vive en esos entes territoriales, según Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, obedece al fortalecimiento militar y territorial de las disidencias de las Farc en el marco de los más recientes ceses al fuego y la desaceleración de las acciones militares en la zona.
“Cuando llegamos, el 1 de enero, lo primero que hicimos fue un Consejo de Seguridad y los objetivos eran: recuperar el control territorial de Jamundí y tener en ese municipio un batallón de alta montaña. Le dije a la fuerza pública que la zona rural no debe estar vedada para la institucionalidad. Antes el Ejército no estaba en la zona y quien ejercía el control eran las disidencias”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca en una reciente entrevista.
Estas afirmaciones quedaron demostradas en el mes de febrero, cuando un grupo de ciclistas denunció que un comando armado de esa organización criminal controlaba el paso, exigiendo documentos de identidad y señalando el límite del recorrido en una zona rural de Jamundí.
«Estaban con sus capuchas y con sus metralletas. Usaban pañuelos. Nos detuvieron y a cada uno les estaban pidiendo la cédula y el celular. Nos dijeron que ellos entendían que nosotros íbamos a hacer nuestro deporte, pero que cada líder de cada grupo tenía que hablar y pedir permiso porque para allá no se podía entrar así, y que únicamente hasta a cierto punto permitían», aseguró en su momento uno de los ciclistas afectados.
Desde entonces, las acciones han ido subiendo de nivel y destruyendo la tranquilidad de otros escenarios como Cali, Tuluá y Yumbo, siguiendo las declaraciones y concesiones del Gobierno Nacional, el cual acaba de expedir un decreto donde nombra y da facultades a un grupo de negociadores para establecer una nueva mesa exploratoria de paz con esa organización.
A pesar de esa noticia, alineada con las ‘exigencias’ de los líderes de ese grupo terrorista, la noche de este domingo 23 de junio, un artefacto explosivo detonó en un sector conocido como Mirador de la vereda Puente Vélez en zona rural del municipio de Jamundí, dejando como resultado tres soldados heridos. Este es uno de los municipios más golpeados por el accionar de las disidencias de las Farc y otras organizaciones delictivas con presencia en la región.
Tras conocerse la noticia, la gobernadora del Valle del Cauca anunció que se trabaja para “reforzar el dispositivo de seguridad con soldados adicionales de la Tercera Brigada. A nuestras tropas todo nuestro respaldo en su tarea de proteger la vida de los vallecaucanos y garantizar nuestra seguridad», posteó la mandataria departamental.
Régimen de terror en el Cauca
Si por allá llueve, en el Cauca, no escampa. El norte de ese departamento ha sido foco de un verdadero régimen de terror establecido por las disidencias de las Farc, que en esa zona del país buscan tener el control de los cultivos y las rutas del narcotráfico. Los municipios, de Miranda, Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao, han sido hasta ahora los más afectados.
En esos municipios los ataques con explosivos y hostigamientos a la Fuerza Pública se han convertido en pan de cada día, sin que hasta ahora hayan funcionado las medidas tomadas por parte del Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación.
“El llamado que le hago al Gobierno del presidente Gustavo Petro es que avancemos con el tema de los diálogos de paz, pero que sea de forma contundente, seria, que se haga la inversión social porque los municipios como Morales tenemos muchas necesidades en vías, infraestructura, educación, agua potable, vivienda, entre otras. El llamado es a que el Gobierno ponga sus ojos en el Cauca, sobre todo en Morales, en municipios que hoy están siendo atacados por grupos armados no identificados”, comentó en su momento, Óscar Yamid Guachetá, alcalde de Morales.
Finalmente, la posición del gobierno, a sabiendas de las causas del problema, sigue siendo, más bien, blandengue y en detrimento de la población civil, quienes son los que sufren en carne propia el rigor de la guerra.
Así quedó demostrado en las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco el pasado 20 de mayo: “[Los atentados] están pasando porque rompimos el cese al fuego, [las disidencias] no lo respetaron. Y yo sí creo que el Ejército y la Policía con todas sus capacidades van a tener que redoblar esfuerzos, porque no se justifica que estos grupos nos pongan en esta situación”.
