Un informe de la Organización de Estados Americanos también da cuenta del reclutamiento de menores, el incumplimiento del cese al fuego y el aumento de las extorsiones a comerciantes y ganaderos en el departamento del Caquetá.
Cada día se conocen más detalles del régimen de terror implantado por las disidencias de las Farc en sus zonas de dominio territorial: un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegura que esa organización al margen de la ley estaría obligando a los ciudadanos que habitan en algunos territorios a portar un carné para poder transitar sin problemas.
Según la Revista Semana, el ‘documento de identificación’ sería exigido a las personas que habitan y a las que por asuntos laborales tienen que desplazarse por carreteras de Cartagena del Chairá, Paujil, La Montañita y Puerto Rico, en Caquetá, zona donde este grupo criminal tiene su centro de operaciones.
Las Fuerzas Militares confirmaron que los ciudadanos de los citados municipios son obligados a registrase en las bases de datos de esa guerrilla para tener control sobre organizaciones políticas y sociales básicas como las juntas de acción comunal, además, para asegurarse de que no ingresen al territorio personas extrañas.
Señalaron igualmente, que quienes no cuenten con el carné podrían ser asesinados o retenidos contra su voluntad.
Dominio territorial
Desde la OEA aseguraron que otra de las formas de dominio territorial consiste en la exigencia de una suerte de carta de autorización, sin la cual una persona no puede trascender las fronteras de su corregimiento o municipio, es decir, no le es posible abandonar el lugar donde se encuentra registrado y carnetizado.
La nota periodística publicada por Revista Semana y soportada en un expediente de las Fuerzas Militares, da cuenta de las más de 90 acciones criminales ejecutadas por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco en el tiempo en que supuestamente se desarrollaba el tan promocionado cese al fuego bilateral.
Estas actividades: homicidios selectivos, extorsiones, masacres y ataques a Ejército y Policía se llevaron a cabo desde el primero de enero y hasta 8 de mayo, fecha en la que se puso fin a la medida por parte del Gobierno, atendiendo a la confirmación por parte de esa organización criminal del asesinato de cuatro menores de edad que habían huido de un campamento guerrillero, luego de haber sido reclutados por la fuerza.
El informe militar asegura que las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco tienen es su estructura un poco más de 5000 personas alzadas en armas, las cuales están divididas en 21 estructuras.
Las más relevantes, por el número de hombres que manejan son: La Primera que tiene 195; Estructura 10: 350; Jorge Briceño: 621; Jaime Martínez: 239; Dagoberto Ramos: 273; Carolina Ramírez: 156 y Carlos Patiño: 209.
Sigue el reclutamiento
La OEA advierte que contrario a lo que se ha ventilado en distintos escenarios por los ‘amigos del cese al fuego’, esta organización sigue incorporando en sus estructuras a menores de edad que habitan en los territorios que dominan militarmente.
“[Se pudo comprobar] el reclutamiento forzado de menores de edad, en especial en el suroccidente del país, con el objetivo principal de robustecer su pie de fuerza, en especial en zonas donde sostienen disputas territoriales con el Clan del Golfo y el ELN. Las edades de los menores obligados a hacer parte de sus filas están entre los 13 y 17 años de edad”, se lee en el documento de la OEA.
También señala la organización internacional, que los menores son reclutados como ‘trabajadores’ del campo y trasladados a lugares alejados de su núcleo familiar. “Una de las principales características de esta vulneración es la separación física de los NNA de sus núcleos familiares o redes de apoyo, recurriendo a la falsa oferta de salarios o empleos en labores de recolección de hoja de coca, en municipios diferentes a su lugar de residencia”, puntualiza el informe en comento.
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