La Defensoría del Pueblo les solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación que establezcan medidas prioritarias para proteger los derechos de las comunidades afectadas.
A pesar de los reiterados llamados que ha hecho la Defensoría del Pueblo y de las medidas cautelares decretadas en febrero pasado por el Tribunal Superior de Cundinamarca para proteger los derechos de las comunidades de La Mojana, como respuesta a una acción popular, actualmente los pobladores de once municipios, en cuatro departamentos, se enfrentan una vez más a una situación crítica por cuenta de filtraciones que pueden causar una nueva rotura del dique Caregato, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En ese sentido, el funcionario reiteró su llamado a la institucionalidad gubernamental para que solucionen esta situación que afecta a la comunidad.
“Por enésima vez, le solicitamos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación implementar las medidas de carácter urgente en esta coyuntura, pero, especialmente, a que de una vez por todas provean una solución estructural y efectiva a la problemática que ha venido agravando las condiciones de vida de la población de esta subregión, tan vulnerable”.
Del discurso a los hechos
El defensor del Pueblo manifestó que el gobierno nacional debe pasar de los anuncios de ayudas esporádicas a hechos concretos, con atención real, que redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. “En las últimas cuatro visitas que he hecho personalmente al territorio, además del acompañamiento permanente de nuestros equipos regionales, lo que seguimos evidenciando es el abandono en el que están las personas del lugar y la falta de soluciones concretas para la población. Esperamos que esta vez el gobierno esté a la altura del reto”, expresó Carlos Camargo Assis.
El dique, cuyo primer rompimiento tuvo lugar en agosto del 2021 en zona de San Jacinto del Cauca, afectó a habitantes de ese municipio, de Achí y Magangué (Bolívar). También a los moradores de Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba), San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad (Sucre).
La entidad de derechos humanos le ha hecho seguimiento a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes viven, aproximadamente 40.000 familias, en los once pueblos afectados. Justamente, a partir de lo evidenciado en el territorio, de notar la insuficiente respuesta estatal, instauró la acción popular a mediados del 2023.
