Estimaciones de Bancolombia muestran que el cierre fiscal de 2025 estuvo marcado por una doble señal: ingresos tributarios en crecimiento, pero por debajo de lo proyectado, y una ejecución presupuestal significativamente inferior a la prevista, con un freno visible en diciembre. El resultado no configura una crisis inmediata, pero sí un estrechamiento del margen fiscal que condiciona la inversión pública.
El cierre fiscal de 2025 no deja una fotografía de colapso, pero sí un mensaje inequívoco de restricción. De acuerdo con el Pulso Fiscal de Bancolombia, el Estado logró aumentar sus ingresos tributarios frente a 2024, aunque sin alcanzar las metas oficiales, y optó por contener la ejecución del gasto para evitar un mayor deterioro del balance fiscal. El documento aclara que sus estimaciones no sustituyen las cifras oficiales, pero sí permiten identificar tendencias relevantes en el comportamiento de ingresos y gasto público.
Desde el frente de los ingresos, el informe estima que en diciembre de 2025 el recaudo alcanzó COP 19,5 billones, lo que “implica un avance de 12,0 % anual”. Con ese resultado, el acumulado del año habría llegado a COP 295 billones, una cifra “10,6 % superior al registro de 2024”. En términos estrictos, la dinámica fue positiva: el recaudo creció y mostró una recuperación hacia el cierre del año.
No obstante, el problema emerge al contrastar ese crecimiento con la planeación fiscal. Bancolombia señala un “subcumplimiento de las expectativas del Gobierno para los ingresos tributarios de 2025” y precisa que el recaudo efectivo representó el 97 % de la meta oficial, lo que equivale a una brecha de “aproximadamente COP 9,9 billones”. Esta diferencia resulta relevante no por su magnitud aislada, sino porque se presenta en un contexto de alta rigidez del gasto y compromisos crecientes en inversión y programas sociales.
La explicación que ofrece el documento permite afinar el diagnóstico. El menor desempeño se debió principalmente al “bajo avance del impuesto de renta y del IVA interno”, tributos que, aunque mejoraron hacia el final del año, “todavía exhiben tasas de crecimiento bajas frente a su promedio histórico”. En otras palabras, los pilares tradicionales del recaudo no aportaron con la fuerza esperada durante buena parte de 2025, obligando a revisar la solidez estructural de los ingresos.
Este patrón se refuerza al observar el comportamiento por tipo de impuesto. Mientras el IVA externo y los aranceles mostraron mayor dinamismo, los ingresos asociados a gasolina y ACPM entraron en una trayectoria descendente que se profundizó a lo largo del año, hasta cerrar diciembre con una variación de -37,5 %. El dato no es menor: revela una fuente de recaudo debilitada y abre interrogantes sobre demanda, precios y política energética, justo cuando el espacio fiscal se estrecha.
Con todo, el rasgo más determinante del cierre fiscal no estuvo del lado de los ingresos, sino en la ejecución del gasto. Bancolombia estima que, para cumplir plenamente el Presupuesto General de la Nación de 2025, el Gobierno “debería haber ejecutado COP 513 billones a la fecha”. Sin embargo, la brecha de subejecución “asciende a COP 31 billones entre enero y diciembre”. Esta diferencia sugiere una estrategia deliberada de contención, más que un simple rezago operativo.
La señal se vuelve aún más clara al observar el último mes del año. En diciembre, el Gobierno habría ejecutado COP 33,2 billones, cifra que “implica un retroceso de 33,2 % frente a hace un año”. Con ello, el gasto total comprometido alcanzó COP 481 billones, equivalente al 91,4 % del PGN 2025. El cierre, por tanto, fue contractivo y concentró el ajuste en el tramo final del ejercicio fiscal.
En conjunto, el Pulso Fiscal perfila un escenario de disciplina sin estridencias, en el entendido de que el Estado evitó un desbalance mayor ajustando por ejecución, no por ingresos extraordinarios ni por reformas de emergencia. Sin embargo, esta estrategia tiene efectos concretos: proyectos aplazados, inversión pública diferida y una relación más frágil entre presupuesto aprobado y gasto efectivamente ejecutado en los territorios.
Así, según los analistas de Bancolombia, el debate que se abre hacia 2026 no será únicamente técnico. Más allá de discutir nuevas fuentes de ingreso, la cuestión central será hasta qué punto una política fiscal basada en subejecución puede sostenerse sin erosionar la capacidad del Estado para cumplir sus promesas económicas y sociales. El ajuste fue silencioso; sus consecuencias, en cambio, serán visibles.
