Según la investigación de varios medios de comunicación y analistas políticos, el contrato presenta un sobrecosto cercano a los $21.000 millones. Los entes de control le pusieron la lupa a otros 18 procesos donde también participaron como ordenadores del gasto Olmedo López y Víctor Meza.
Durante dos semanas el país entero se preguntó ¿cuánto tiempo más estará Olmedo López al frente de la (UNGRD), teniendo en cuenta el arsenal de evidencias y pruebas de corrupción en varios millonarios procesos de contratación?, pues, bien, la respuesta llegó el día de ayer jueves 29 de febrero con una carta donde el citado funcionario hacía pública su renuncia al cargo.
Los probados sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para atender la falta de agua potable en algunas poblaciones alejadas del departamento de La Guajira hicieron insostenible la permanencia de López, quien acababa de reintegrarse al cargo luego de purgar una medida de suspensión provisional por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Cronología del escándalo
Luego de que se descubriera que un número importante de los 40 carrotanques que habían sido adquiridos para atender el desabastecimiento de agua potable en La Guajira, estaban parqueados a sol y sombra, se han descubierto detalles que podrían acarrear responsabilidades de diversa índole para los funcionarios y contratistas involucrados.
Según trascendió, a la invitación de la UNGRD concurrieron tres empresas que aseguraban tener la capacidad técnica para suministrar, listos para la operación, los 40 carrotanques requeridos para atender la problemática. Tras un análisis de factibilidad, se determinó que la mejor propuesta era la Impoamericana Roger S. A. S., razón por la cual se le adjudicó el contrato por valor de $46.800 millones, es decir, $1.170 millones por unidad.
“Se sugiere al ordenador del gasto, la escogencia de la empresa Impoamericana Roger S. A. S., quien tiene mejor disposición tanto de equipos para la entrega, quien no solicita recurso para realizar el suministro”, sin embargo, la minuta del contrato deja ver que se acordó un adelanto significativo a la firma del contrato: “Un primer pago correspondiente al 80% del valor del contrato con la suscripción de la presente orden una vez se entregue documento de disponibilidad de entrega de los vehículos, previa suscripción de la respectiva acta de inicio y aprobación de las garantías”.
La Procuraduría realizó una visita técnica al lugar donde se encontraban los vehículos buscando “determinar las condiciones de contratación, presunta existencia de sobrecostos, necesidad de adquisición de dichos vehículos, el equipamiento y utilidad de cada uno de ellos para el suministro del líquido, lugares de adquisición del agua y si los vehículos cumplen las condiciones de uso para este territorio, dentro del proyecto que la UNGRD ha denominado ‘Ruta del Agua Guajira’”.
Casi al tiempo, varios medios de comunicación realizaron cotizaciones de automotores con las mismas características de los referidos en el contrato, encontrando que los valores de los adquiridos por el Estado diferían por mucho con relación a lo informado por los concesionarios. La estimación del sobrecosto es de $21.000 millones.
En medio del escándalo, fue declarado insubsistente del subdirector de la entidad, Víctor Meza Galván, quien hizo parte del equipo que lideró el proceso de contratación, además, ha sido llamado por la Fiscalía a rendir declaración juramentada en el marco de una investigación de oficio que se adelanta por estos hechos.
Concretamente, son muchos puntos grises en torno al proceso contractual que, según algunos expertos, habría ocasionado un detrimento cercano a los $21.000 millones, uno de esos, tiene que ver el corto periodo de tiempo desde la apertura hasta la adjudicación: según las bases de datos, estas etapas se desarrollaron en tan solo ocho horas, otro, está relacionado con los objetos de las empresas postulantes y la seleccionada: comercio de productos de ferretería, abarrotes y carne de animal muerto apta para el consumo.
W Radio, luego de analizar los documentos pre y contractuales, determinó que Impoamericana Roger S. A. S., empresa ganadora de la licitación, “no pagó Rete ICA, Rete Fuente ni Rete IVA, sin embargo, en el extraño documento ellos sí ponen un alto valor a cada ítem, asegurando que de retención en la fuente pagaron $983 millones de pesos, de Rete ICA pagaron $393 millones de pesos, y de Rete IVA pagaron $1120 millones de pesos. Valores que no están reflejados en la factura electrónica de la DIAN.”
Otro hecho sumamente grave fue denunciado por Meza Galván tras su abrupta salida de la UNGRD: de acuerdo con el exalto funcionario, no son 40 los carrotanques adquiridos a la cuestionada Impoamericana Roger S. A. S., sino 60, ya que, en el mes de diciembre, para evadir los procesos licitatorios, se firmó un nuevo contrato con la misma empresa, pero esta vez, cada carrotanque no costaría $1.170′000.000, sino, $1.380′000.000, es decir, $210 millones más.
Salida por la puerta de atrás
Por su parte, Olmedo López se seguía aferrando al cargo, tratando de justificar las compras y deslegitimar las denuncias sobre presunta corrupción y sobrecostos en el referido contrato. Tanto así, que en las cuentas oficiales en redes de la UNGRD se publicó un comunicado de prensa donde el presidente Petro le daba un espaldarazo a pesar de que el país entero pedía su salida.
“El mandatario valora profundamente el compromiso y la dedicación de Olmedo López en esta importante labor y por eso solicitó, enfáticamente, su continuidad en el cargo”, se leía en uno de los apartes del comunicado que fue borrado horas más tarde.
Ayer, jueves 29 de febrero, trascendió a la opinión pública una misiva de Olmedo López anunciando su renuncia al cargo, luego de que el presidente Petro le diera la espalda y solicitara investigar sus actuaciones al frente de la UNGRD.
También trascendió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación, Andrés Idárraga, director de Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República en contra de Olmedo López y algunos de sus subalternos.
“No permitiremos que nadie haga negocios con los derechos de la ciudadanía. Espero que las autoridades (@FiscaliaCol, @PGN_COL y @CGR_Colombia), donde he radicado las denuncias en el marco de mis funciones como Secretario de Transparencia, establezcan si los implicados (funcionarios de la @UNGRD y contratistas) incurrieron en algún delito, faltas disciplinarias o fiscales”, informó Idárraga desde su cuenta en la red social X.
Olmedo López también fue denunciado por el abogado David Rodríguez, quien cuestiona la doble moral del discurso de quienes ostentan ciertos cargos en el Gobierno Nacional y sobre los que se cierne un manto de dudas sobre la transparencia de sus actuaciones.
“Esto definitivamente es el colmo en el Gobierno ‘del Cambio’. He denunciado con suficiente prueba que la @UNPColombia presuntamente ha cometido muchas irregularidades con el contrato de arrendamiento que ojo, inicialmente se suscribió por 51 MIL MILLONES DE PESOS. Hoy 1 de marzo de 2024 sería entregada a la UNP la nueva sede en ARRIENDO, pero para nuestra sorpresa, la Supervisión del contrato solicitó la modificación del contrato para modificar la fecha de entrega para la disposición total del bien a partir del 1 de abril de 2023. Ante la @PGN_COL y la @CGR_Colombia presente las respectivas denuncias. ¿De verdad vamos a seguir quedándonos callados? ¡Qué situación tan aberrante, no hay Derecho! ” posteó el jurista adjuntando los documentos que soportan su dicho.
Se espera entonces que las autoridades judiciales y disciplinarias determinen los delitos y faltas en las que pudieron haber incurrido los involucrados en este asunto, que pone una vez más en tela de juicio la transparencia de las instituciones del ‘gobierno del cambio’.
