Si se ordena la medida cautelar, la Refinería de Cartagena —filial del Grupo Ecopetrol— quedaría sin liquidez operativa en un momento de márgenes estrechos y pérdidas recientes. El caso trasciende lo tributario: un bloqueo financiero forzaría a Colombia a cubrir con importaciones parte del consumo interno, con impacto fiscal y de inventarios.
La disputa tributaria entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Refinería de Cartagena (Reficar) entró en zona de riesgo sistémico. La autoridad fiscal estudia activar cobro coactivo por el no pago del IVA del 19% a las importaciones de gasolina y diésel; de expedirse mandamiento de pago con embargo, las cuentas de la compañía podrían quedar congeladas y la operación financiera se vería limitada de inmediato.
El impacto sería directo sobre la seguridad de abastecimiento. En el primer semestre de 2025, Reficar promedió 183.200 barriles diarios, equivalentes al 48% de la refinación del país. Sin flujo de caja, la compra de crudo, la logística y los contratos esenciales se tensionan en cuestión de días, con riesgo de reducción de cargas y eventual parada parcial en menos de dos semanas, según cálculos del sector.
La fragilidad financiera amplifica el riesgo. En 2024, los ingresos operativos de Reficar fueron de $25,8 billones, con caída de 19,3% frente a 2023, y la utilidad neta se deterioró 107,53%, al cerrar en –$262.863 millones. Pese a que la carga y la producción de refinados se estabilizaron entre 2023 y 2025 en el rango de 185–195 Kbdp, los márgenes de refinación presionaron el resultado. La empresa se mantuvo 4ª entre las 1.000 mayores del país por ingresos, pero con menor capacidad de absorción de choques.
Para Ecopetrol, el riesgo no es solo contable. Una interrupción obligaría a importar combustibles a precios internacionales, encareciendo el costo fiscal y exigiendo mayor uso de inventarios; el Caribe, Antioquia y el centro del país serían los primeros en sentir ajustes en disponibilidad mayorista.
En el plano administrativo, la figura de cobro coactivo permite a la Dian embargar sin orden judicial, aunque la empresa podría solicitar medidas sustitutivas o garantías, alegando afectación del servicio público esencial.
Mientras se define el alcance de la actuación fiscal y el mercado sigue de cerca un pulso que cruza tributación, energía y estabilidad macro; algunos analistas son enfáticos en que, si Reficar se detiene, la factura la paga todo el país.
