BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
Dialogando en los términos de Platón se puede siempre cambiar de opinión como resultado de esa aventura intelectual. En ella se encuentra el germen del intercambio de ideas y del abandono de los intereses particulares preconcebidos para dar paso al avance que deja ver a cada interviniente sus equivocaciones y las del interlocutor. La negociación es un tipo de diálogo que apela a la razón por lo cual las amenazas e intimidaciones no tienen cabida. Eso constituiría chantaje o imposición.
En este país la inmensa mayoría quiere la paz. Por ello se han permitido y apoyado los diálogos con quienes siembran el terror y de allí surge la nefasta conjetura de que entre más atentados ejecuten más fuertes serán en la negociación. Esta idea es contraria al ideal de la paz y a la razón por no decir nada de la indispensable buena fe.
Un gobernante responsable, ante el alarmante crecimiento de los atentados, de las amenazas, de la iniquidad en la masacre a policías por el «Plan Pistola», del control de los narcos en varias zonas del país y de varios otros hechos delictivos, levantaría la mesa de diálogo por razones de moral y de autoridad.
Negociación que sólo podría retomarse cuando los subversivos den garantías de cese del fuego, liberen a los secuestrados y por supuesto pongan fin a la violencia de toda clase que ejercen.
El país reclama decisión. Basta ya de tanta impunidad so pretexto de la inexistente Paz Total.
Hace pocos días se conoció del ataque a la infraestructura petrolera, así como que promueven un paro armado en Chocó, a más de una amenaza de inusitada gravedad contra el fiscal, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro. Al parecer ha llegado a la capital un explosivista. Estos hechos no pueden ser pasados por alto. Deben ser dimensionados para adoptar las medidas correspondientes, las que, vale decirlo, no pueden ser el continuar en la mesa de negociación como si nada sucediera.
Y es que esa conducta resulta peligrosa para la estabilidad de la democracia del país, la seguridad de sus residentes y, por supuesto, la continuidad de los diálogos, máxime cuando se aproxima un debate electoral, en el que es el mismo registrador, a quien siempre se le ha criticado por falta de garantías en los procesos electorales, el que está hablando de suspender las elecciones en el departamento de Cauca.
Pero no solo está en riesgo el debate electoral en ese departamento sino también en una gran mayoría de los 380 municipios que el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, señala como lugares en los que es notorio el dominio territorial de grupos al margen de la ley, lo que conduciría a que en éstos también se suspendan las elecciones.
Al respecto escuchamos la excelente entrevista que desde la FM de RCN y Blue Radio le hicieran al gobernador del Meta, Roberto J. Jaramillo. Él intervino en representación de los gobernadores del país y nos dejó completamente perplejos conocer la total ausencia de diálogo de los gobernadores y el presidente de la República, pese a la angustiosa y hasta miedosa situación que se vive.
Siente tanta preocupación el mencionado gobernante que expresó en un comunicado: «Señor ministro, hipócrita es considerar la inseguridad, el terrorismo y la violencia asuntos que deban atenderse de manera pausada. Cada segundo de su pausa, es un nuevo asesinato, extorsión y agresión. Afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales, hubo al menos 3 atentados terroristas, asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba, es descarnado y vil”.
Aterrador que se converse con los violentos y se haga oídos sordos frente a las autoridades del país, contexto que impone un cambio de estrategia para solucionar la problemática que invade al país.
El presidente debe restablecer inmediatamente la comunicación con los gobernadores. Esta grave crisis de seguridad no se solucionará golpeando la mesa ni exigiendo renuncias a los subalternos de los ministros.
La inseguridad campea por todo el país. Pero saber que a Bogotá ha llegado un francotirador experto en explosivos causa alarma. En un primer momento se pensó que se trataba de sabotear la Marcha de la Mayoría pero resultó ser un asunto mucho más delicado.
En el barrio Venecia de la capital se incautaron 295 granadas y una importante cantidad de explosivos. Aún se desconoce a qué grupo pertenecían el peligroso material bélico. Sin embargo, se cree que el ELN está implicado de una u otra manera. Guerra y sangre es su lema. El gobierno debe dejar de mimarlos y más bien, frenar su actividad destructiva, como condición para continuar “dialogando”.
La paz, entonces, no puede ser producto de la imposición de los bárbaros y de la desprotección a quienes están en la legalidad. Ese proceder solamente genera más “guerra”.
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