El Ministerio Público encontró responsables a dos exfuncionarios de Medellín por la prórroga irregular de un contrato de más de $5.226 millones, suscrito en plena pandemia. La sanción, de primera instancia, incrementa la lista de casos que investigan la contratación y el manejo de recursos públicos durante la administración de Daniel Quintero.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, quien se desempeñó como gerente general de Metroparques. El organismo concluyó que ambos extendieron sin sustento legal un contrato de conservación de jardines suscrito en noviembre de 2020 por más de $5.226 millones.
El acuerdo tenía una vigencia inicial de tres meses, pero fue prorrogado hasta junio de 2021. Los exfuncionarios alegaron que la decisión respondía a medidas adoptadas durante la pandemia de covid-19, argumento que el ente de control consideró injustificado.
Para la Procuraduría, la prórroga vulneró principios esenciales de la administración pública y reveló un interés distinto al de cumplir con los fines del Estado. El fallo de primera instancia califica la conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Este episodio se suma a un panorama más amplio de investigaciones sobre la contratación en la administración de Daniel Quintero, que incluyen cuestionamientos a programas como Buen Comienzo, convenios de Metroparques y proyectos de infraestructura vial. Varias de esas actuaciones han derivado en imputaciones penales y disciplinarias.
La defensa de Urrego y Liévano podrá apelar la decisión, mientras persiste el debate sobre el impacto que estos procesos tienen en la confianza ciudadana y en la transparencia de la contratación pública en Medellín.
