Grupos armados ilegales estarían ofreciendo entre un millón y un millón y medio de pesos a adolescentes entre los 13 y 17 años para que se vinculen a sus estructuras armadas, presumiblemente como sicarios. Este es el relato de un menor de 13 años que quiere ‘trabajar’ para la criminalidad mientras la familia lucha desesperadamente por evitarlo.
A través de su cuenta en la red social X, la defensora de Derechos Humanos y Activista, Norma Vera Salazar, hizo una grave denuncia que involucra a grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones.
Vera colgó un video en su cuenta, donde un padre de familia relata el acoso sistemático que sufre por parte de grupos armados ilegales que pretenden reclutar a sus dos hijos adolescentes, de 13 y 17 años respectivamente, mediante ofertas económicas que superan el millón y medio de pesos.
El angustiado hombre, casi al borde del llanto, relató que los criminales han instado a sus hijos menores para que se unan a sus filas, prometiéndoles empleo. Sin embargo, el padre es consciente de que solo hay una actividad que pueden ofrecer estos grupos.
“¿Qué trabajo le van a ofrecer a él ahí? Si usted sabe que el trabajo que le pueden ofrecer ahí es matar, entonces tengo un niño de 13 años y uno de 17, pero el de 17 dice que él no aceptó irse para allá, pero el de 13 años sí se quiere ir para allá”, comentó el hombre, protegido por razones de seguridad.
La situación se agravó cuando el menor de 13 años comenzó a despedirse, manifestando su intención de aceptar un ‘trabajo’ en zonas rurales de la Sierra Nevada con regreso programado en septiembre. “Yo me voy, yo me voy a ir, me voy a trabajar allá arriba, vengo dentro de tres meses”, le dijo el niño a su hermana, según se le escucha decir al padre.
Ante esta situación, la familia tomó medidas drásticas, pues, el menor se había trasladado hasta un sector de la ciudad donde presuntamente operan redes logísticas de estas organizaciones.
“[Hace días] lo sacamos de Ciudad Equidad y lo trajimos para acá para María Eugenia, para mi casa, aquí lo dejamos encerrado, no lo dejamos salir, porque él dice: -yo me voy, yo me voy, yo tengo que ir a trabajar porque esa gente me va a pagar”, comentó, además, denunció la inoperancia institucional que facilita el reclutamiento: “hemos dado vuelta por todas partes, buscando ayuda y nada”.
Como si lo dicho hasta aquí fuera poco, este drama de una familia en el barrio María Eugenia de Santa Marta, pero que es la de muchas en todo el país, alcanzó su punto más crítico cuando el adolescente, aprovechando que sus padres recorrían sin éxito las instituciones públicas para ponerlo a buen recaudo, contactó telefónicamente a los reclutadores solicitando seguir adelante con el proceso de ‘incorporación’ a la organización delincuencial, llamado al que los criminales respondieron inmediatamente.
“Como lo teníamos encerrado, cogió el celular y le dijo a esa gente que vinieran a buscarlo, y esa gente se vino a buscarlo, nosotros cerramos la puerta enseguida”, dijo el aterrorizado papa, quien, por fortuna, contó esta vez con el respaldo de la comunidad: “todos los vecinos ya sabían, todos nos armamos de piedras, de palos, de machete porque esos hombres se lo iban a llevar a él a la fuerza, ahí hubiera habido un muerto porque nosotros nos íbamos a hacer matar, esa gente estaba armada, estaban dando vueltas en la camioneta buscándolo”.
Los reclutadores, que portaban armas de fuego, permanecieron en el sector durante un tiempo considerable, pero, tuvieron que retirarse al encontrar una férrea resistencia comunitaria. Finalmente, es importante resaltar que este hecho deja al descubierto e ilustra la grave problemática del reclutamiento forzado de menores en Colombia, donde grupos armados ilegales utilizan estrategias de seducción económica para incorporar niños y adolescentes a sus estructuras sicariales.
En Santa Marta, el tema es cada vez más complejo, porque casos como este son recurrentes. “He recibido varias denuncias de menores reclutados para grupos armados en el territorio, (voz cambiada para proteger la identidad) en el audio un menor de 13 años, le ofrecen $ 1.400.000. Esto es gravísimo”, puntualizó Norma Vera Salazar.
