Vocerías del sector salud señalan que el ajuste aprobado no compensa los rezagos acumulados ni el aumento de precios en medicamentos, insumos y tecnologías. Aseguran que se requieren decisiones que armonicen la política salarial, la financiación efectiva de los aseguradores y la continuidad de la red prestadora, con el fin de evitar cierres de servicios, demoras en la entrega de tratamientos y mayor gasto.
Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de usuarios en todo el país, manifestó rechazo al incremento del 9,03 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo para 2026 definido por el Gobierno Nacional. A juicio de la organización, dicho ajuste no garantiza sostenibilidad financiera ni continuidad oportuna de tratamientos, tecnologías y medicamentos.
El movimiento recordó que había solicitado un aumento mínimo del 15 % para los regímenes contributivo y subsidiado, sustentado en evidencia técnica y en los rezagos señalados por la Corte Constitucional. El porcentaje aprobado queda por debajo de lo requerido; por esa razón, Pacientes Colombia advierte una brecha creciente entre costos reales y recursos disponibles para la atención.
Denis Silva, vocero de la organización civil, subrayó que la discusión trasciende las cifras presupuestales. Señaló que “una UPC insuficiente es un incumplimiento directo del derecho fundamental a la salud y la causa del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra. Este desajuste no es una cifra, se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo”. Más adelante advirtió que el sistema “está siendo empujado al colapso”, con afectaciones irreversibles en la calidad de vida de millones de personas.
Para sustentar esa alerta, el comunicado reseña indicadores recientes: 6.084 servicios cerrados en 2025, gasto de bolsillo estimado en 16,8 % en 2024 y demoras superiores a 250 días para acceder a medicamentos. Tales datos, según la organización, evidencian una desfinanciación que ya repercute en la atención cotidiana.
Desde el gremio de las aseguradoras en salud surgieron observaciones adicionales. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sostuvo que el ajuste tiene efectos diferenciados: “el 16,5 % para el régimen subsidiado cierra una brecha histórica con esta población y contribuye parcialmente a la mejora de su operación. El 9 % para el régimen contributivo, donde se presenta el mayor gasto en salud, es insuficiente”.
Además, la dirigente gremial cuestionó la coherencia macroeconómica, advirtiendo que “no se explica el generoso aumento en salario mínimo, con fuerte impacto sobre el sistema de salud, y el tímido incremento en UPC. No son consistentes y persiste en desconocer la crisis de atención y financiera que enfrenta el sistema”.
Pacientes Colombia solicitó al Ministerio de Salud revisar el ajuste y adoptar medidas inmediatas de saneamiento financiero. De no corregirse ese desbalance, podrían incrementarse cierres de servicios, prolongarse los tiempos de espera y aumentar las tutelas por negación o suspensión de tratamientos.
